La Asesoría General de Gobierno presentó este viernes una propuesta de actualización del Reglamento de Sumarios de la Administración Pública Provincial, establecido mediante el Decreto 1311/99. El objetivo es adecuar los procedimientos disciplinarios a las demandas actuales, incorporar recursos tecnológicos y ampliar las garantías de los trabajadores estatales.

La actividad tuvo lugar en el auditorio de la Librería ConTexto y estuvo encabezada por el asesor general de Gobierno, Federico Valdés, acompañado por docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Entre los aspectos centrales de la reforma figuran la inclusión de disposiciones relacionadas con la violencia de género, el acoso y la violencia en el ámbito laboral, la interculturalidad y los derechos de los pueblos originarios, en consonancia con los avances normativos nacionales e internacionales.

El texto también incorpora alternativas tecnológicas para el desarrollo de las actuaciones, como la posibilidad de recibir testimonios mediante videoconferencias y establecer mecanismos específicos para preservar la documentación y las pruebas reunidas durante las investigaciones.

Durante la presentación, Valdés explicó que la reglamentación actual fue sancionada en 1999 y tuvo una modificación en 2003, por lo que consideró necesario adecuarla a los cambios legislativos y a las situaciones que la Asesoría General de Gobierno fue identificando a partir de su experiencia diaria en la tramitación de sumarios.

El funcionario señaló que la propuesta apunta a corregir inconvenientes habituales en las notificaciones y en la recepción de testimonios, además de avanzar hacia procedimientos digitalizados que permitan mejorar los tiempos de gestión, la transparencia y el seguimiento de cada expediente.

Como ejemplo, mencionó la incorporación de declaraciones por videoconferencia, que quedarán debidamente asentadas en actas. De esta manera, los empleados públicos que cumplen funciones en localidades del interior podrán brindar testimonio o presentar testigos sin tener que viajar hasta Resistencia.

También se contemplan adecuaciones destinadas a asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente su derecho de defensa durante los procedimientos administrativos.

“Es una reforma que se adecúa al contexto actual e incorpora las normas nacionales e internacionales vinculadas a los nuevos derechos que se reconocieron con el paso del tiempo. Además, buscamos que sea una elaboración participativa. Por eso no presentamos un decreto definitivo, sino un proyecto abierto a la comunidad”, manifestó Valdés.

Asimismo, indicó que el documento fue desarrollado por el equipo jurídico de la Asesoría General de Gobierno, teniendo en cuenta las exigencias que plantea el escenario actual.

Una instancia de consulta para recibir propuestas

Valdés anunció que el proyecto podrá consultarse a través del sitio web de la Asesoría General de Gobierno. Se habilitará un plazo de 30 días, hasta el próximo 6 de diciembre, para que ciudadanos e instituciones acerquen sugerencias, observaciones y modificaciones posibles.

El propósito es reunir distintas perspectivas antes de avanzar con la versión definitiva de la normativa. “Esos aportes nos van a permitir tomar una mejor decisión, incorporar una experiencia cotidiana que no siempre se ve desde una oficina y lograr una mejor normativa. Esperamos arrancar el año que viene con la nueva normativa”, expresó el asesor.

Rey Vázquez destacó el papel de los sumarios en la gestión estatal

Por su parte, el docente de la Facultad de Derecho de la UNNE, Luis Eduardo Rey Vázquez, subrayó que el reglamento constituye un instrumento indispensable para el funcionamiento de la Administración Pública y para establecer responsabilidades ante eventuales incumplimientos de los deberes laborales.

Explicó que el Estado debe disponer de mecanismos que permitan investigar posibles faltas, determinar cómo ocurrieron los hechos y, al mismo tiempo, proteger los derechos de los agentes involucrados.

En ese sentido, sostuvo que cuando un trabajador estatal se aparta de las obligaciones propias de su cargo, corresponde desarrollar una investigación administrativa que permita esclarecer lo sucedido sin desconocer las garantías que le asisten. “Esa herramienta es, precisamente, el reglamento de sumarios”, afirmó.

El académico también consideró favorable la incorporación de recursos tecnológicos, ya que contribuirán a reducir demoras, facilitarán la participación de empleados que trabajan fuera de la capital provincial y permitirán conservar de manera más segura las declaraciones y los elementos documentales.

Por último, señaló que contar con procedimientos actualizados posibilitará que las autoridades de cada organismo dispongan de información más organizada sobre la situación de sus trabajadores y el estado de los expedientes disciplinarios.

La iniciativa busca, de este modo, adecuar las investigaciones administrativas a las necesidades actuales de la gestión pública, reforzando la transparencia, el derecho de defensa y las garantías de los agentes provinciales.