Las reuniones estuvieron centradas en temas vinculados al empleo, la infraestructura, los servicios públicos y el desarrollo productivo, además de incluir un análisis sobre las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei y la organización del espacio con vistas al escenario electoral de 2027.

Durante el cierre del Encuentro Regional del NEA, desarrollado en Resistencia con la participación de representantes de Chaco, Corrientes y Misiones, Massa sostuvo que es necesario “pensar a la Argentina de manera federal” y darle mayor protagonismo a las provincias del interior. También convocó a ampliar la participación del espacio político: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”, expresó.

En paralelo, en Carmen de Patagones se llevó adelante una jornada con referentes de la Sexta Sección electoral bonaerense, donde legisladores, intendentes y dirigentes intercambiaron propuestas y analizaron la situación de los municipios frente a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

La agenda regional del Frente Renovador en el NEA

En Resistencia, los dirigentes organizaron mesas de trabajo para abordar las principales necesidades de la región y elaborar propuestas orientadas al crecimiento económico y social.

Entre los puntos planteados se incluyeron la ampliación de infraestructura vial y energética, el impulso a la ciencia y la tecnología aplicada a la producción, y políticas destinadas a generar más oportunidades para jóvenes.

La agenda también incorporó iniciativas vinculadas al primer empleo, el acceso a la vivienda, la capacitación docente, la orientación laboral, la cultura y el turismo regional, tomando como eje las características compartidas entre Chaco, Corrientes y Misiones.

El sistema sanitario fue otro de los temas tratados. Los participantes señalaron dificultades relacionadas con recursos, medicamentos y disponibilidad de profesionales, mientras que la diputada nacional Sabrina Selva vinculó estos desafíos con la necesidad de elaborar propuestas políticas hacia los próximos años.

“Tenemos un desafío enorme desde el Frente Renovador, de pensar ese proyecto de país que vamos a tener que construir”, sostuvo la legisladora al referirse al futuro del espacio.

Por su parte, el presidente del Frente Renovador y diputado nacional Diego Giuliano cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y planteó la necesidad de recuperar el desarrollo productivo. En ese marco, afirmó que el espacio debe trabajar en una alternativa política frente al escenario actual.

La diputada provincial chaqueña Katia Blanc destacó el rol de Massa dentro de la estructura partidaria y planteó la necesidad de ampliar la convocatoria política. También sostuvo que el peronismo debe construir una propuesta hacia adelante y no limitarse a reivindicar experiencias anteriores.

Encuentro bonaerense y mirada hacia 2027

La actividad desarrollada en Carmen de Patagones reunió a las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López, la legisladora provincial Sofía Vanelli y el intendente local Ricardo Marino, además de otros jefes comunales y dirigentes de la región.

Durante el encuentro se analizaron las consecuencias de distintas decisiones del Gobierno nacional sobre los distritos bonaerenses, entre ellas las modificaciones vinculadas al régimen de Zonas Frías.

Los participantes también intercambiaron propuestas y plantearon la importancia de fortalecer la organización política del espacio de cara a las elecciones de 2027.

De esta manera, el Frente Renovador llevó adelante jornadas de debate en distintas regiones del país con una agenda enfocada en el federalismo, el desarrollo territorial y la construcción de una propuesta política para los próximos años.

El acto de habilitación estuvo encabezado por el gobernador Leandro Zdero, acompañado por el intendente Rubén Rach y el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela.

La intervención contempla tramos de doble calzada, nuevo sistema de iluminación, señalización vial, obras complementarias de desagües y una estructura preparada para soportar circulación de vehículos de gran porte. Además, permite vincular los principales accesos de Charata con sectores que ya disponían de infraestructura pavimentada.

“Esta avenida representaba un anhelo de muchos vecinos de Charata desde hace años. A partir de una planificación conjunta con el Municipio decidimos avanzar con una inversión que permite integrar distintos sectores de la ciudad y mejorar la conectividad”, expresó Zdero durante la inauguración.

El mandatario provincial destacó que el proyecto fue desarrollado con criterios técnicos orientados a garantizar su resistencia y permanencia en el tiempo. “No se trata solamente de colocar pavimento, sino de realizar una obra completa, con condiciones adecuadas de escurrimiento, iluminación y calidad constructiva”, afirmó.

Asimismo, remarcó la importancia de coordinar acciones con municipios que cuentan con una planificación definida. “Cuando hay una visión clara y proyectos preparados, podemos acompañar con obras que tengan impacto y que sean sostenibles”, sostuvo.

Zdero también adelantó que continuarán trabajando en nuevos proyectos para Charata, entre ellos la puesta en valor de la plaza central en el marco del centenario de la ciudad. “Tenemos mucho por delante para seguir fortaleciendo a Charata como una referencia del sudoeste chaqueño”, manifestó.

Una obra que impulsa el crecimiento urbano

El administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, explicó que la nueva avenida cumple una función clave dentro del esquema de circulación de la ciudad.

“Esta infraestructura permite conectar los tres accesos principales de Charata con las zonas que ya estaban desarrolladas. Cuenta con iluminación, señalización y una base estructural diseñada para soportar tránsito pesado”, detalló.

Además, señaló que este tipo de intervenciones generan efectos que van más allá de la mejora vial. “Cada obra trae aparejada una transformación del entorno, nuevas oportunidades de inversión y movimiento económico para la comunidad”, indicó.

Por su parte, el intendente Rubén Rach destacó la satisfacción de concretar un proyecto trabajado junto al Gobierno provincial y valoró el resultado final de la intervención.

“Es una enorme alegría compartir con los vecinos esta obra que fue pensada y proyectada para la ciudad. La iluminación, el entorno y cada detalle incorporado le dieron un valor especial al trabajo realizado”, expresó.

El jefe comunal señaló que la administración local continuará impulsando nuevas obras de infraestructura según las prioridades y posibilidades presupuestarias, y destacó el diálogo permanente con las autoridades provinciales.

Vecinos destacaron el impacto de la obra

Durante la inauguración, habitantes de la zona resaltaron los cambios que generó la nueva avenida en la vida cotidiana.

Uno de los vecinos afirmó que la obra significó una mejora importante para la comunidad y valoró que las políticas públicas puedan beneficiar a la ciudad más allá de las diferencias partidarias.

“Estas obras hacen crecer a Charata y mejoran la calidad de vida de quienes vivimos acá. Más allá de las cuestiones políticas, hay que reconocer cuando algo beneficia a todos”, expresó.

Otra vecina también destacó la transformación generada por la intervención y señaló que el resultado modificó su percepción sobre la gestión provincial.

“Una obra así cambia la realidad de los vecinos. Hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien y cuando una decisión termina mejorando la vida de la gente”, manifestó.

La inauguración de la avenida Caseros representa una nueva mejora para la infraestructura urbana de Charata y se incorpora al conjunto de obras impulsadas por la Provincia en articulación con los municipios.

Del acto participaron además la senadora nacional Silvana Schneider; la vicepresidenta de la Legislatura, Susana Maggio; el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; la vocal de Lotería Chaqueña, Gabriela Galarza; intendentes de distintas localidades y autoridades provinciales y municipales.

Un reporte elaborado por IERAL-NEA, basado en las proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anticipa para los meses de septiembre, octubre y noviembre una probabilidad elevada de lluvias superiores a los valores normales en amplias zonas del NEA, Paraguay y el sur de Brasil.

Las áreas con mayores chances de registrar precipitaciones por encima del promedio abarcan principalmente Misiones, Corrientes y sectores del este chaqueño y formoseño.

Sin embargo, el impacto dependerá de la distribución temporal y territorial de las lluvias. Mientras una mayor disponibilidad hídrica puede favorecer a los cultivos de verano, los acumulados excesivos en períodos cortos podrían retrasar labores agrícolas, dificultar el ingreso de equipos y aumentar la aparición de enfermedades.

Corrientes: humedad, accesos rurales y riesgo de heladas

Corrientes será una de las provincias que deberá observar con atención la evolución meteorológica. En el noreste del territorio, la humedad disponible en el suelo alcanza valores elevados, mientras que otras zonas presentan reservas inferiores y todavía cuentan con capacidad para recibir nuevos aportes.

La diferencia entre regiones será determinante ante posibles lluvias intensas. Cuando las precipitaciones se concentran en poco tiempo, pueden generarse dificultades para preparar los lotes, avanzar con las tareas previstas y permitir el ingreso de maquinaria.

Los caminos rurales también tendrán un rol central. La pérdida de transitabilidad puede afectar el traslado de equipos, insumos y cosechas, generando demoras en distintos eslabones de la producción.

A este escenario se suma la posibilidad de heladas tardías. El invierno con temperaturas superiores a las habituales favoreció una evolución anticipada de algunas plantas, aumentando su exposición frente a descensos bruscos de temperatura.

De acuerdo con las estimaciones, la combinación entre heladas y problemas sanitarios podría generar pérdidas importantes en determinadas producciones.

Misiones: el desafío de controlar los excesos de humedad

Misiones inicia la primavera con un perfil hídrico elevado. Los registros oficiales muestran una alta disponibilidad de agua en el suelo en gran parte del territorio provincial, una condición que puede resultar beneficiosa para actividades como la yerba mate, el té y los cítricos si las lluvias se mantienen dentro de parámetros normales.

No obstante, nuevas precipitaciones intensas podrían provocar complicaciones. El exceso de humedad favorece el desarrollo de hongos y enfermedades, además de dificultar las tareas dentro de los establecimientos productivos.

También podrían verse afectados los caminos secundarios y terciarios, fundamentales para el desplazamiento de trabajadores, maquinaria y productos cosechados.

Por ese motivo, el principal desafío para los productores misioneros será aprovechar los momentos adecuados para ingresar a los lotes y reforzar las estrategias de manejo sanitario.

Chaco y Formosa: escenarios diferenciados

En Chaco y Formosa, la situación presenta mayores contrastes según la zona. Mientras algunas áreas cuentan con reservas moderadas de humedad, sectores del oeste mantienen condiciones más secas.

Las lluvias previstas pueden representar una oportunidad para mejorar la disponibilidad de agua y favorecer el desarrollo de cultivos de verano. Sin embargo, si los registros se concentran en pocos días, podrían aparecer inconvenientes para la siembra y las aplicaciones necesarias para el control de plagas y enfermedades.

El momento en que ocurran los eventos climáticos será clave. Una tormenta durante una etapa crítica de implantación puede obligar a suspender actividades y modificar los calendarios productivos.

En Chaco, la incidencia estará vinculada principalmente con los cultivos extensivos, mientras que en Formosa también tendrá importancia el estado de la infraestructura vial y la distribución desigual de las precipitaciones.

El trigo, entre los cultivos más vulnerables

Entre las producciones de invierno, el trigo aparece como uno de los cultivos que podría verse más condicionado por este escenario climático. Los excesos de humedad pueden favorecer enfermedades y afectar los rendimientos, mientras que una helada tardía podría perjudicar plantas que hayan avanzado antes de tiempo.

En cambio, soja, maíz y arroz suelen beneficiarse de condiciones asociadas a El Niño, siempre que las lluvias se presenten en momentos adecuados. El riesgo aparece cuando el agua llega en volúmenes elevados y en períodos breves, generando dificultades operativas.

Por eso, el impacto del fenómeno no dependerá únicamente de la cantidad total de precipitaciones, sino también de cuándo ocurran y sobre qué zonas se concentren.

La infraestructura rural, un factor determinante

El informe de IERAL-NEA también destaca la importancia de la infraestructura productiva para enfrentar una primavera con mayor humedad.

Los caminos rurales, canales y sistemas de drenaje serán elementos clave para evitar mayores complicaciones y permitir la continuidad de las actividades agrícolas.

Una campaña con buenas condiciones climáticas puede verse limitada si los accesos quedan afectados y dificultan el transporte de producción, la llegada de insumos o el trabajo de contratistas.

Ante este panorama, los productores deberán ajustar sus cronogramas, aprovechar las ventanas de trabajo disponibles y reforzar la prevención sanitaria.

El SMN recomienda mantener un seguimiento permanente de los pronósticos y del Sistema de Alerta Temprana ante la posibilidad de eventos de mayor intensidad durante la primavera.

Así, el escenario para el NEA combina oportunidades y riesgos: las lluvias pueden favorecer a varios cultivos, pero también generar complicaciones si los excesos de humedad interrumpen las tareas productivas. Cada provincia enfrentará desafíos particulares: Corrientes deberá atender la combinación de agua, caminos y heladas; Misiones, el manejo de excesos y enfermedades; y Chaco y Formosa, la variabilidad territorial de las precipitaciones.

La investigación del caso fue llevada adelante por la fiscal especializada en Violencia de Género, Fernanda Abraham, mientras que la acusación durante el juicio estará a cargo de la fiscal de Cámara, Noelia Encinas.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre avenida Soberanía al 5600 de Barranqueras, donde la víctima fue hallada sin vida mientras sus dos hijas se encontraban descansando en el domicilio. Romero y Bonome tenían hijos en común y, según consta en la causa, años antes la mujer había realizado una denuncia por situaciones de violencia de género.

El debate será encabezado por el juez técnico Ernesto Azcona, quien tendrá la responsabilidad de dirigir las audiencias. La defensa del acusado estará representada por el abogado Marcos Sebastián Fabro.

Además, el Estado provincial participará como querellante mediante la Subsecretaría de Género y Diversidad, a través de Sonia Valenzuela, en el marco de la normativa que permite la intervención estatal en causas vinculadas con violencia de género.

De acuerdo con el cronograma establecido, las jornadas de audiencia se desarrollarán durante toda la semana y se prevé que el jurado popular pueda emitir su veredicto el próximo jueves.

El proyecto incluye la colocación de aproximadamente 3.400 metros de nueva infraestructura de distribución, que posibilitará la conexión de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) EUGP N° 148 Arraigo Campesino, una capilla y distintos hogares y emprendimientos productivos ubicados en el sector.

El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, destacó el desarrollo de los trabajos y señaló que se trata de una respuesta a una demanda histórica de la comunidad. “Estamos avanzando con una obra muy esperada y cumpliendo con el compromiso asumido por el gobernador Leandro Zdero. El objetivo es garantizar agua potable a una institución educativa que durante mucho tiempo no contó con este servicio, además de beneficiar a familias y productores del lugar”, expresó.

Asimismo, el funcionario resaltó que la ampliación del sistema representa una mejora significativa para los pobladores, ya que permitirá fortalecer las condiciones sanitarias y mejorar la calidad de vida de quienes viven y trabajan en la zona.

Actualmente, las tareas continúan en diferentes sectores del recorrido previsto, con el propósito de finalizar la instalación de la red y dejar operativo el nuevo sistema de abastecimiento.

“Seguimos impulsando obras que permitan ampliar el acceso a servicios fundamentales y atender necesidades que las comunidades vienen planteando desde hace años”, afirmó Custiniano.

La elección se concretó mediante una lista de consenso y fue destacada por el gobernador Leandro Zdero, quien puso el foco en el hecho de que, por primera vez, una mujer estará al frente de la Convención Provincial de la UCR.

“Es un hecho histórico dentro de la Unión Cívica Radical, porque por primera vez en nuestro partido, en nuestra provincia, una mujer conduce los destinos de la Convención”, afirmó el mandatario.

Durante su intervención, Zdero planteó la necesidad de que el radicalismo profundice su presencia territorial y avance hacia una construcción política capaz de incorporar a diferentes sectores.

“Necesitamos un partido movilizado, un partido en los barrios, un partido en territorio, un partido cerca de la gente, pero también un partido generoso y humilde que invite a otros sectores a que sigamos sumando para transformar el Chaco”, sostuvo.

El balance de la gestión

Otro de los ejes del discurso estuvo relacionado con las políticas implementadas desde el inicio de su administración. El gobernador sostuvo que el desafío hacia adelante consiste en sostener las transformaciones realizadas y avanzar sobre ellas.

Al recordar el escenario provincial de diciembre de 2023, Zdero enumeró como principales áreas de gestión el ordenamiento financiero, la educación, la seguridad, la salud, la producción y la infraestructura.

“Lo que hicimos fue ordenar para generar certidumbre. Hoy el Chaco tiene cuentas ordenadas, un Chaco previsible, que claramente tiene norte y tiene rumbo”, manifestó.

En materia educativa, mencionó las medidas vinculadas con la alfabetización y la distribución de libros. En seguridad, destacó las políticas orientadas a combatir el delito y el narcotráfico, mientras que en el área sanitaria resaltó la recuperación del abastecimiento de medicamentos e insumos.

También se refirió a las políticas destinadas a promover la producción y atraer inversiones. En ese sentido, señaló que uno de los objetivos es avanzar desde un modelo basado principalmente en materias primas hacia otro que permita generar mayor valor agregado dentro de la provincia.

“Chaco no está condenado a ser pobre. Chaco tiene la capacidad, a través de los chaqueños, de cambiar nuestra realidad”, expresó.

Y agregó: “El progreso y las inversiones no buscan lástima; buscan futuro y buscan ganas de salir adelante”.

El pedido de mayor presencia territorial

Con la mirada puesta en la construcción política, el gobernador reclamó una mayor presencia de la UCR en las distintas localidades chaqueñas.

“Tenemos que llegar a cada rinconcito del Chaco. Tenemos que llegar a las 70 localidades para que allí haya un concejal, para que haya realmente la fuerza de un proyecto político que se arrime a la gente”, sostuvo.

En esa línea, llamó a reducir el peso de las diferencias internas y priorizar los puntos de acuerdo entre los integrantes del espacio.

“Necesitamos estar juntos, espalda con espalda. Más allá de las diferencias, encontrar las coincidencias”, expresó.

El cierre de su discurso estuvo acompañado por un llamado a la militancia a profundizar las actividades territoriales.

“Les pido unidad y les pido movimiento. Movimiento para salir, para entusiasmar, para convocar y fundamentalmente para invitar a aquellos a decirles que este Chaco sale adelante”, manifestó.

La mirada hacia 2027

El presidente de la UCR chaqueña, Hugo Maldonado, valoró la participación de dirigentes y militantes provenientes de distintos puntos de la provincia y destacó el trabajo previo realizado para arribar a una lista de consenso.

“Estamos muy contentos. Hemos hablado con intendentes, concejales, presidentes de partido, con todo el mundo para que asistan y estén”, señaló.

Maldonado consideró que la Convención constituye una instancia más dentro del proceso de reorganización partidaria y preparación política de cara a los próximos desafíos.

“Lo que hoy se va a expresar es el consenso de la Unión Cívica Radical”, afirmó.

Con la elección de Ogara, la Convención Provincial quedó formalmente renovada y la conducción partidaria planteó como ejes de trabajo la unidad interna, el despliegue territorial y la incorporación de nuevos sectores, en un proceso que tendrá entre sus horizontes políticos las elecciones de 2027 y la continuidad del proyecto que encabeza Zdero.

La decisión fue adoptada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y se incorporará al conjunto de actividades previstas como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo 15 de octubre.

Sin embargo, la realización efectiva del paro estará condicionada a la respuesta del Ejecutivo. Los gremios establecieron como plazo el martes 29 de septiembre para que se concrete el aumento del 33,4% previsto en la normativa. La última propuesta salarial presentada oficialmente había contemplado un incremento del 3%, porcentaje que fue rechazado durante las negociaciones paritarias.

La definición se produjo durante un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que además prevé coordinar las próximas medidas con CONADU Histórica. El cronograma contempla distintas actividades destinadas a visibilizar el conflicto antes de la movilización de octubre.

El reclamo por los salarios y la situación judicial

De acuerdo con las estimaciones realizadas por los sindicatos y las universidades, los haberes de los docentes requieren una recomposición del 31,2%.

La demanda gremial también se vincula con lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla mecanismos de actualización para los salarios de docentes y no docentes, además de recursos destinados a programas de becas para estudiantes.

En paralelo, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a cumplir de manera integral con la medida cautelar que dispone la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.

El magistrado otorgó un plazo de cinco días para cumplir con la resolución y advirtió que podría establecer multas por cada día de incumplimiento.

La cautelar había sido dictada por Cormick en diciembre de 2025. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión en marzo y la Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo el 25 de junio.

Desde el Gobierno señalaron que ya dieron cumplimiento a la medida cautelar y que presentaron ante la Justicia documentación para respaldar esa postura. A su vez, el Ejecutivo anunció que apelará la resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, aunque ese recurso no modifica la vigencia de la medida que ya quedó firme.

El recorrido de la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso durante 2025, pero posteriormente fue vetada por el presidente Milei.

El Parlamento insistió con la sanción de la norma mediante las mayorías de dos tercios requeridas en ambas cámaras. El Senado completó ese procedimiento el 2 de octubre de 2025, con 58 votos afirmativos y siete negativos.

Luego de su promulgación, el Gobierno suspendió la aplicación de la ley argumentando que la norma no establecía de manera precisa las fuentes necesarias para financiarla.

La decisión derivó en una presentación judicial por parte de las universidades, proceso que posteriormente desembocó en la medida cautelar que actualmente se encuentra vigente.

Camino a la Marcha Federal del 15 de octubre

El sector sindical prevé sostener las acciones de protesta hasta la movilización nacional prevista para el 15 de octubre.

Desde CONADU señalaron que la quinta Marcha Federal Universitaria tendrá entre sus ejes la situación presupuestaria del sistema universitario, la falta de implementación de la legislación de financiamiento y el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó el plan de lucha con la necesidad de reforzar las acciones colectivas frente al escenario actual.

“El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’”, sostuvo.

La dirigente agregó que, según su posición, la unidad constituye una herramienta frente a la fragmentación y el individualismo que atribuyó a las políticas del Gobierno de Milei.

Además de las medidas sindicales, la organización anticipó que buscará generar acuerdos y contactos con diputados y senadores de distintas provincias para reforzar los reclamos vinculados con el financiamiento de las universidades nacionales y la actualización de los salarios docentes y no docentes.

La oficina funcionará en el mismo inmueble donde tiene su sede el Departamento de Antecedentes Personales, permitiendo reunir distintos servicios de la Policía Científica en un edificio equipado y acondicionado para esas tareas.

Hasta ahora, Medicina Legal desarrollaba sus actividades en un inmueble alquilado. Con el traslado a este espacio perteneciente al Estado, además de mejorar las condiciones de funcionamiento, se prevé una disminución de los costos destinados al alquiler.

Durante el acto, Zdero sostuvo que la incorporación de la nueva sede se enmarca en el proceso de modernización de la estructura de seguridad provincial y en la búsqueda de procedimientos más ágiles.

“Estamos poniendo en condiciones las instalaciones para una mejor prestación del servicio, pero también para hacer mucho más ágiles los controles que deben realizarse”, expresó el mandatario.

El gobernador explicó que allí se llevarán adelante los controles médicos correspondientes a las personas que ingresan al sistema de detención, además de otros exámenes solicitados en diferentes procedimientos judiciales.

También recordó que algunas funciones que anteriormente se desarrollaban en la dependencia ubicada sobre calle Julio A. Roca fueron trasladadas al nuevo edificio con el propósito de acortar los tiempos de atención y respuesta.

Unificar dependencias para reducir gastos

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, consideró que la incorporación de Medicina Legal constituye otro paso dentro del proceso de reorganización de la estructura policial.

“Este edificio es emblemático. Aquí ya funciona Antecedentes Personales y hoy inauguramos Medicina Legal, que se suma como un componente necesario y profesional para agilizar los tiempos de respuesta que tiene la Policía hacia la sociedad y, fundamentalmente, ante los requerimientos de la Justicia”, manifestó.

El funcionario destacó además el impacto económico del traslado, debido a que permitirá disminuir los recursos destinados al alquiler de inmuebles para dependencias policiales y penitenciarias.

Según explicó, la estrategia oficial contempla recuperar y acondicionar edificios que se encuentran bajo administración estatal para destinarlos a distintos organismos de seguridad, evitando así la generación de nuevos gastos en alquileres.

El rol de Medicina Legal en las investigaciones

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó que el Departamento de Medicina Legal forma parte de la Policía Científica y desarrolla tareas periciales que resultan relevantes para los procesos judiciales.

“Es un área científica que tiene como misión realizar el examen médico-legal de las personas detenidas cuando ingresan y cuando recuperan la libertad”, señaló Romero.

El jefe policial detalló que los estudios son realizados por médicos de la fuerza y que los informes correspondientes se incorporan posteriormente a los expedientes judiciales.

La disponibilidad de una sede propia permitirá, según indicó, generar mejores condiciones de trabajo para los profesionales y empleados policiales, además de disponer de un espacio adecuado para las personas que deben atravesar estos procedimientos.

Antecedentes Personales concentra un millón de legajos

El edificio también alberga al Departamento de Antecedentes Personales, área encargada de la identificación de personas mediante sistemas de identificación dactiloscópica.

Romero informó que la dependencia conserva aproximadamente un millón de legajos correspondientes a diferentes registros históricos. De ese total, cerca del 80% ya fue digitalizado, lo que facilita la localización y consulta de información solicitada por las áreas competentes.

“Se puede identificar a una persona en forma indubitable a través de un sistema práctico y ágil”, afirmó el titular de la Policía, quien destacó la utilidad de esta herramienta para las investigaciones judiciales.

Más obras y equipamiento para la Policía

Durante la inauguración, Zdero ubicó esta obra dentro de una política más amplia de fortalecimiento de la seguridad provincial, que incluye mejoras edilicias, incorporación de equipamiento y tecnología, capacitación del personal y ampliación de la presencia policial en el territorio.

En ese marco, mencionó los proyectos para nuevas dependencias policiales en el Área Metropolitana, además de otras obras destinadas tanto al sistema de seguridad como al Servicio Penitenciario.

A su vez, Matkovich adelantó la incorporación de nuevos vehículos y equipamiento operativo, junto con trabajos de infraestructura previstos para diferentes dependencias.

“Estamos demostrando que la historia continúa y que podemos seguir transformando estructuralmente la seguridad de la provincia”, sostuvo el ministro.

La puesta en funcionamiento de la nueva sede de Medicina Legal se incorpora así al proceso de reorganización de la Policía del Chaco, con el objetivo de concentrar servicios, optimizar recursos estatales y mejorar los tiempos de respuesta ante procedimientos policiales y requerimientos judiciales.

El objetivo del acuerdo es profundizar las herramientas destinadas a prevenir y abordar situaciones que puedan afectar la convivencia y las condiciones laborales dentro del ámbito municipal, mediante mecanismos de asistencia, asesoramiento técnico e intervención especializada.

El convenio prevé una articulación permanente entre ambas instituciones para atender casos vinculados con violencia laboral e institucional, acoso, hostigamiento, discriminación, abuso de autoridad y otras conductas que puedan afectar la dignidad, integridad o derechos de quienes desarrollan tareas en el Municipio de Resistencia.

Intervención de un equipo interdisciplinario

La aplicación de estas herramientas estará a cargo de la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Dictamen Técnico de la Violencia Laboral e Institucional “Beatriz Vásquez”, dependiente de la Legislatura provincial.

El organismo pondrá a disposición un equipo conformado por profesionales de distintas áreas, que tendrá a su cargo el análisis de las situaciones planteadas y la intervención que corresponda en cada caso.

El mecanismo estará disponible para empleados de planta permanente y transitoria, contratados, becarios, pasantes y demás personas que presten servicios o desarrollen funciones en el ámbito municipal.

Los trabajadores podrán recurrir a la Oficina tanto para realizar consultas preventivas y recibir orientación especializada como para solicitar la intervención del equipo ante hechos que pudieran encuadrarse como violencia laboral o institucional.

Denuncias, evaluaciones y mediación

Entre las atribuciones asignadas al Equipo Interdisciplinario se encuentran la recepción y tramitación de denuncias, el estudio y evaluación de los casos, la solicitud de documentación e informes, y la convocatoria a entrevistas y audiencias.

También podrá llevar adelante evaluaciones técnicas y promover, cuando las circunstancias lo permitan, instancias de mediación y alternativas de resolución pacífica de conflictos.

La Oficina estará facultada además para emitir dictámenes técnicos no vinculantes, debidamente fundamentados, que podrán servir como referencia para que las autoridades adopten medidas preventivas, correctivas o disciplinarias.

Una vez emitidos, esos informes deberán ser remitidos a la máxima autoridad del Municipio dentro de un plazo de 48 horas.

El acuerdo contempla asimismo criterios específicos de confidencialidad y reserva durante las actuaciones, con el propósito de resguardar tanto los datos personales como la información incorporada a cada expediente.

Capacitación y promoción de espacios saludables

El convenio no se limita a la intervención ante situaciones concretas. La Legislatura y el Municipio también podrán organizar conjuntamente capacitaciones, jornadas, talleres, seminarios y campañas orientadas a promover ámbitos laborales saludables, inclusivos y libres de violencia.

De esta manera, ambas instituciones buscan profundizar una línea de trabajo conjunto que ya venían desarrollando en esta materia y sumar herramientas para la prevención y el abordaje de conflictos dentro del ámbito municipal.

El convenio tendrá una duración de cuatro años a partir de su firma y podrá ser renovado automáticamente.

El acto concluyó con la intervención del gobernador Leandro Zdero, quien centró su discurso en el rumbo de su administración, realizó cuestionamientos a la situación que, según sostuvo, encontró al asumir en diciembre de 2023 y planteó la necesidad de ampliar la presencia de la UCR en los distintos municipios chaqueños.

El balance de la gestión

En uno de los tramos de su exposición, Zdero se refirió al escenario que encontró al asumir el Poder Ejecutivo provincial y pidió a los dirigentes recordar las condiciones de la administración anterior.

En ese sentido, mencionó aspectos vinculados con los sistemas educativo y sanitario, el uso de vehículos oficiales y el funcionamiento del Estado. También cuestionó lo que definió como una relación entre sectores estatales y estructuras delictivas.

Al referirse a las medidas adoptadas durante su gestión, el gobernador sostuvo que su administración cumplió compromisos asumidos durante la campaña electoral. Entre otros puntos, destacó las políticas de seguridad y afirmó que se redujeron los índices delictivos.

También hizo referencia a la situación del sistema sanitario y señaló que actualmente existen medicamentos e insumos, aunque reconoció que todavía quedan cuestiones pendientes.

“Somos nosotros los capaces de ordenar la anarquía y el despilfarro, necesitamos coraje, valentía, humildad y acción”, manifestó durante su discurso.

Una convocatoria más allá de la UCR

Zdero también dedicó parte de su exposición al escenario político y a la construcción de un espacio que, según planteó, debe superar los límites tradicionales del radicalismo.

El mandatario sostuvo que el acceso al Gobierno provincial fue posible a partir de una convocatoria que incorporó a dirigentes y sectores provenientes de diferentes espacios políticos e independientes.

“No de la manera de un radicalismo cerrado en la trinchera, sino convocando y teniendo las puertas abiertas a desencantados del peronismo, del PRO, de La Libertad Avanza e independientes”, expresó.

En esa línea, afirmó que la UCR debe afrontar los desafíos actuales con una mirada puesta tanto en el presente como en el futuro.

El pedido de mayor presencia territorial

Hacia el final de su intervención, el gobernador hizo un llamado a la estructura partidaria para profundizar el trabajo territorial y ampliar la representación política del espacio en las distintas localidades de la provincia.

En ese tramo, cuestionó a sectores del peronismo y sostuvo que existe una intención de regresar al poder. Frente a las críticas de la oposición, defendió el rumbo de su administración y planteó la necesidad de fortalecer la presencia del oficialismo en cada municipio.

Zdero pidió trabajar para que el proyecto político que encabeza cuente con representación de intendentes y concejales en todo el territorio chaqueño.

“Les pido unidad y movimiento; unidad porque necesitamos estar todos juntos para sacar la provincia adelante, y movimiento porque no es momento de quedarse quietos”, concluyó.

De acuerdo con la resolución, el juicio correspondiente a Los Sauces tendrá su primera audiencia el viernes 23 de octubre de 2026, a las 10, mientras que el proceso por Hotesur comenzará el viernes 19 de marzo de 2027.

El tribunal está conformado por los jueces Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni. Los magistrados señalaron que, aunque ambos expedientes se encuentran vinculados por un determinado contexto histórico, existen diferencias tanto en los hechos investigados como en sus respectivos objetos procesales.

Uno de los argumentos utilizados para mantener separados los procesos fue la cantidad de testigos. Cada expediente cuenta con aproximadamente 200 personas citadas a declarar, por lo que una eventual unificación podría prolongar de manera considerable la duración del debate.

En ese marco, los jueces dispusieron además habilitar los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero para incorporar jornadas adicionales al juicio por Los Sauces.

Qué se investiga en Hotesur

En el expediente Hotesur, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que parte del dinero proveniente de la obra pública vial adjudicada, según la acusación, de manera irregular a compañías de Lázaro Báez en Santa Cruz —hechos analizados en la causa Vialidad— habría sido canalizado mediante la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas.

Según la hipótesis fiscal, esos establecimientos habrían pasado a formar parte del patrimonio de la familia Kirchner y posteriormente fueron alquilados a Valle Mitre, empresa vinculada al empresario.

El requerimiento de elevación a juicio señala que, entre marzo de 2010 y mayo de 2013, Valle Mitre abonó a Hotesur SA más de $28 millones, además de otros $6,9 millones correspondientes a Las Dunas. De acuerdo con la acusación, los accionistas habrían retirado esos recursos bajo la modalidad de créditos y no como distribución de dividendos.

La investigación encuadra estos hechos bajo la figura de lavado de activos, con el agravante de organización destinada a la comisión continuada del delito para algunos de los acusados.

El tribunal también recordó que Florencia Kirchner fue sobreseída de manera firme el 26 de noviembre de 2021. En cambio, Máximo Kirchner continúa imputado en el expediente y actualmente se desempeña como diputado nacional.

El expediente Los Sauces

La investigación conocida como Los Sauces comprende un objeto procesal más amplio. Además de los fondos vinculados al Grupo Báez, la acusación señala como otra fuente de recursos a empresas pertenecientes al Grupo Indalo.

Según la hipótesis fiscal, esas compañías habrían realizado pagos a Los Sauces SA, sociedad constituida en noviembre de 2006, a cambio de distintos beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas de carácter impositivo.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre 2009 y 2016 la sociedad facturó a esas empresas alrededor de $26 millones en alquileres, monto que representaba aproximadamente el 88% de sus ingresos totales. La acusación sostiene que, en distintas oportunidades, los contratos involucraban inmuebles que no eran necesarios para las actividades de las empresas locatarias o contemplaban valores superiores a los del mercado.

Los fiscales también plantean que los accionistas habrían retirado más de $10 millones de la sociedad y utilizado algunas propiedades sin abonar alquiler. La causa analiza estos hechos bajo la hipótesis de asociación ilícita y lavado de activos.

Los argumentos para separar los juicios

Para fundamentar la decisión de llevar adelante los procesos por separado, el Tribunal Oral Federal 5 hizo referencia al artículo 43 del Código Procesal Penal, que establece límites a la acumulación de causas cuando esta puede generar una demora grave en alguno de los procesos.

Los magistrados remarcaron que cada expediente posee cerca de 200 testigos propios y que apenas algo más de 20 personas coinciden entre ambas listas. Según explicaron, realizar un único juicio podría obligar a las partes interesadas exclusivamente en uno de los expedientes a participar de audiencias relacionadas con el otro, extendiendo significativamente la duración del debate.

El tribunal estimó que un proceso unificado podría llegar a prolongarse durante más de dos años.

Otro de los factores considerados fue el mayor grado de avance procesal de Los Sauces, expediente que ingresó primero al tribunal. Además, los tres magistrados forman parte de distintos tribunales orales federales y deben coordinar sus agendas con otros procesos que se encuentran en trámite.

Como antecedentes, el tribunal mencionó la decisión del TOF1 de separar los tramos correspondientes a Plan Cóndor y Automotores Orletti, así como un antecedente propio del TOF5 relacionado con la causa Sueños Compartidos.

Antes del comienzo de los debates, los jueces también ordenaron actualizar la información personal, laboral y de antecedentes de los imputados. Para ello, solicitaron a distintos organismos estatales datos sobre los cargos públicos que ejercen o hayan ejercido, dispusieron la realización de informes socioambientales y requirieron a la Dirección Nacional de Reincidencia y a la Policía Federal los antecedentes penales correspondientes a cada acusado.

El operativo se desarrolló a partir de labores de investigación y mediante la utilización de herramientas tecnológicas. Como parte del despliegue, los efectivos realizaban una patrulla a pie en la zona del kilómetro 11 del río Paraguay, cuando observaron a dos individuos que se desplazaban montados a caballo y llevaban varios paquetes dentro de bolsas de arpillera.

Al percatarse de la presencia del personal de Prefectura y escuchar la orden de detenerse, ambos sujetos emprendieron la fuga hacia un sector de vegetación tupida. Antes de alejarse, dejaron abandonados los bultos que transportaban.

Hallaron diez bultos con droga

Tras la huida, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda en el área, con el respaldo de vehículos terrestres. El rastrillaje permitió encontrar diez bultos, en cuyo interior había numerosos envoltorios que contenían estupefacientes.

El conteo posterior determinó que se trataba de 107 paquetes termosellados de marihuana, con un peso total de 63 kilos y 336 gramos. De acuerdo con la información proporcionada por Prefectura, el cargamento tendría un valor superior a los $242 millones.

La investigación quedó bajo la intervención de la Fiscalía Federal de Resistencia, que dispuso el secuestro de la sustancia y el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

Finalmente, la marihuana incautada fue trasladada al depósito judicial de la Prefectura Naval Argentina, donde permanecerá bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial que interviene en la causa.

Entre las modificaciones centrales que introduce el nuevo régimen se encuentra la eliminación de los límites de ingresos anuales y de patrimonio que actualmente funcionan como requisitos para acceder al esquema simplificado del Impuesto a las Ganancias.

La normativa también contempla una reducción del 25% en las multas aplicables a personas humanas y pequeñas y medianas empresas que ingresen al régimen.

Cambios en los delitos tributarios

Otro de los puntos relevantes está relacionado con los montos establecidos para configurar determinados delitos de evasión fiscal. La ley eleva el umbral de la evasión simple de $1,5 millones a $100 millones, mientras que en los casos de evasión agravada el monto pasa de $15 millones a $1.000 millones.

A su vez, la norma modifica el alcance del concepto de “discrepancia significativa”, una figura utilizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en determinadas situaciones relacionadas con la información consignada en las declaraciones impositivas.

Exclusión para funcionarios públicos

El régimen establece además una restricción específica para funcionarios públicos, quienes quedan fuera de los beneficios y presunciones contemplados por la nueva normativa.

La exclusión comprende tanto a quienes actualmente desempeñen determinados cargos como a aquellas personas que los hayan ocupado durante los cinco años previos a su adhesión al régimen.

La modificación fue instrumentada mediante el Decreto 1751, publicado en el Boletín Oficial, que introduce cambios en el funcionamiento del Centro Único de Administración de Descuentos (CUAD).

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, los descuentos voluntarios podían representar hasta el 39% del ingreso neto del trabajador, una vez realizados los descuentos correspondientes a conceptos obligatorios. Con el nuevo régimen, ese margen se reduce en nueve puntos porcentuales y queda establecido en un máximo del 30%.

Según los fundamentos del decreto, la decisión responde al escenario registrado en materia de crédito y al incremento de los niveles de morosidad. El Ejecutivo provincial citó información del Banco Central que ubica el índice de mora en el 12,7% y señaló como objetivo preservar una mayor proporción del salario disponible y reducir el riesgo de sobreendeudamiento.

Límites para préstamos y costos financieros

La nueva regulación también alcanza a mutuales y otras entidades que otorgan créditos cuya devolución se efectúa mediante descuentos directos sobre los haberes.

En estos casos, la Tasa Nominal Anual (TNA) no podrá superar el promedio mensual correspondiente a los préstamos personales informado por el Banco Central.

Además, el Costo Financiero Total (CFT) tendrá un límite equivalente a un 40% adicional sobre esa tasa. La disposición busca establecer un tope a los cargos que pueden incorporarse al financiamiento, como comisiones, seguros, gastos administrativos y otros conceptos.

El nuevo esquema será aplicable a los préstamos, renovaciones, refinanciaciones y novaciones que se realicen a partir de la entrada en vigencia del decreto.

En cuanto a las operaciones que ya se encontraban vigentes, se mantendrán las condiciones acordadas originalmente. Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de refinanciar o reestructurar esas obligaciones cuando sea necesario para adecuar el nivel de descuentos al nuevo límite del 30%.

Mayor control sobre los descuentos

El decreto también establece nuevas exigencias de información y mecanismos de control para las entidades que utilizan códigos de descuento.

La regulación busca limitar la proporción del salario comprometida con el pago de cuotas y establecer mayores controles sobre el costo efectivo de los préstamos, de modo que los cargos adicionales no terminen incrementando significativamente el nivel de endeudamiento de los trabajadores.

Finalmente, el Poder Ejecutivo provincial invitó a otros organismos estatales a incorporarse al nuevo esquema. La convocatoria alcanza al Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Electoral y los organismos autárquicos.

El máximo tribunal provincial resolvió el planteo por una mayoría de tres votos contra dos. Los jueces Modi, Grillo y Varela se pronunciaron en contra de los pedidos para que determinadas causas fueran tramitadas mediante audiencias orales, públicas y con participación de jurados.

En sentido contrario, los ministros Emilia María Valle y Víctor Emilio Del Río votaron por hacer lugar a los planteos y sostuvieron que existían condiciones para comenzar a aplicar el sistema de manera progresiva en los expedientes sometidos a análisis.

La controversia se originó a partir de solicitudes realizadas desde los Juzgados Civil y Comercial Nº 1 y Nº 4 de Resistencia, que plantearon la posibilidad de utilizar el mecanismo previsto por la Ley 3325-B en causas vinculadas con responsabilidad civil extracontractual.

La propia resolución del Superior Tribunal reconoce que los expedientes analizados se encuentran comprendidos dentro de los supuestos contemplados por los artículos 3 y 4 de la normativa. Sin embargo, la mayoría entendió que no se cumplían otros requisitos de selección establecidos por el artículo 64 y consideró que todavía no estaban dadas las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el instituto.

Los ministros que votaron en disidencia adoptaron una posición diferente. Valle y Del Río consideraron que los casos reunían los requisitos legales y que existían condiciones suficientes para iniciar una implementación gradual del juicio por jurados en materia civil y comercial.

Uno de los argumentos centrales de esa postura estuvo relacionado con la dimensión social de los casos propuestos, vinculados principalmente con siniestros viales que tuvieron consecuencias fatales.

En su voto, los magistrados señalaron que esta problemática excede el interés particular de quienes participan de cada proceso judicial. Para respaldar esa consideración, hicieron referencia al Informe de Siniestralidad Vial 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, según el cual durante ese año se registraron 185 víctimas fatales en Chaco, ubicando a la provincia en el tercer lugar nacional en cuanto a tasa de mortalidad por hechos de tránsito.

Desde esa perspectiva, la reiteración de este tipo de situaciones y su impacto colectivo permitirían, según los jueces disidentes, considerar acreditado el nivel de relevancia requerido por la legislación para seleccionar las causas.

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados puso especial énfasis en este punto y sostuvo que el carácter progresivo establecido por la Ley 3325-B fue previsto precisamente para posibilitar una incorporación gradual del sistema.

La entidad planteó que la gradualidad debería permitir seleccionar casos, formar a los distintos actores involucrados, evaluar los resultados y efectuar modificaciones cuando fueran necesarias, pero no convertirse en un mecanismo que prolongue indefinidamente la falta de aplicación de la ley.

Una ley sancionada hace casi seis años

La Ley 3325-B fue aprobada en diciembre de 2020 y comenzó a regir en marzo de 2021. Desde la Asociación remarcaron que, transcurrido casi ese período, consideran necesario avanzar en su implementación efectiva.

La entidad también destacó la relevancia que tuvo la normativa chaqueña dentro del ámbito jurídico y académico internacional. Según señaló, la legislación generó interés en países con tradición de juicio por jurados, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Japón.

Asimismo, indicó que la experiencia chaqueña fue objeto de investigaciones y trabajos académicos en distintos idiomas y que el modelo fue analizado en congresos y encuentros especializados.

La Asociación recordó además que otras provincias avanzaron en debates sobre la incorporación del jurado clásico en procesos civiles. Entre ellas mencionó a Santa Fe, que reformó su Constitución en 2025 e incorporó esta modalidad dentro de sus declaraciones, derechos y garantías para causas civiles y otros fueros no penales.

La experiencia chaqueña en materia penal

Otro de los argumentos planteados para respaldar la implementación civil es la experiencia que Chaco acumuló con el juicio por jurados en el ámbito penal.

El sistema penal comenzó a funcionar en 2019 en una circunscripción judicial y posteriormente se extendió de manera gradual hasta cubrir todo el territorio provincial en 2023.

De acuerdo con los datos mencionados en el pronunciamiento judicial, hasta el momento se realizaron 99 juicios por jurados. La disidencia sostuvo que esa experiencia permitió comprobar la viabilidad operativa del mecanismo y contar con referencias sobre los recursos necesarios para su funcionamiento.

También se destacó que el sistema representa aproximadamente el 0,15% del presupuesto total del Poder Judicial chaqueño, según los datos consignados en la resolución.

A esto se suma la infraestructura institucional ya existente: las seis circunscripciones judiciales disponen de espacios preparados para debates con jurados, funciona una Oficina Judicial Central especializada y existen delegaciones territoriales, además de un registro oficial anual de jurados.

La experiencia adquirida también permitió desarrollar capacitaciones y formar operadores judiciales con conocimientos en la organización y administración de este tipo de procesos.

Para los jueces que votaron en disidencia, esta estructura constituye una base que podría adaptarse a las particularidades de los procesos civiles y comerciales.

El reclamo para poner en marcha el sistema

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados consideró que la existencia de una ley vigente, la experiencia acumulada en el fuero penal y la infraestructura disponible constituyen elementos que permiten comenzar con una aplicación gradual del mecanismo.

En esa línea, destacó que ya existen magistrados y abogados que solicitaron expresamente que determinadas causas sean sometidas a juicio por jurados, un aspecto que la propia Ley 3325-B contempla entre los criterios para seleccionar los casos.

Valle y Del Río sostuvieron que esos elementos permiten avanzar con las causas propuestas y remarcaron la necesidad de iniciar el proceso luego del tiempo transcurrido desde la sanción de la normativa.

Desde la Asociación valoraron particularmente el voto de ambos ministros y plantearon que la discusión actual debería centrarse en establecer mecanismos concretos para implementar el sistema de manera progresiva, con capacitación y evaluación de resultados.

La entidad sostuvo finalmente que Chaco ya cuenta con un marco legal y con experiencia institucional en materia de jurados, por lo que reclamó que se adopten las medidas necesarias para comenzar a aplicar el modelo en el ámbito civil y comercial.

La propuesta será incorporada al sistema de Gestión Documental Electrónica para completar los pasos administrativos correspondientes antes de su ingreso formal al Congreso. El proyecto está estructurado en aproximadamente seis capítulos principales.

La redacción definitiva demandó varios días de trabajo debido a la complejidad de los puntos incluidos. Desde el Ejecutivo indicaron que el objetivo fue cerrar el contenido técnico antes de iniciar las instancias de debate político con los distintos sectores legislativos.

Los principales ejes de la iniciativa

Entre los puntos centrales del proyecto figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, junto con un esquema destinado a resguardar infraestructura crítica y establecer criterios específicos para la protección de los espacios aeroespacial y marítimo.

Uno de los apartados está orientado a establecer nuevas herramientas frente a empresas o actores que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Si bien inicialmente el análisis estuvo centrado en el sector de hidrocarburos, durante el proceso de elaboración se contempló extender el alcance a otras áreas productivas como pesca, minería y actividades relacionadas.

La iniciativa también incorpora disposiciones sobre proveedores estratégicos y activos considerados esenciales, entre ellos redes de comunicación, centros de almacenamiento de información, sistemas tecnológicos y otros servicios sensibles.

En el área aeroespacial, el proyecto propone establecer procedimientos más definidos ante la detección de aeronaves consideradas irregulares o potencialmente hostiles. Según trascendió, la norma no contemplará la autorización de derribos automáticos de vuelos no identificados, sino mecanismos de actuación escalonados.

Además, se prevé avanzar en la integración de sistemas de radar, telecomunicaciones, tecnología satelital e inteligencia de señales. Dentro de ese esquema, la Base Naval Integrada de Ushuaia tendrá un rol relevante para las tareas de vigilancia y seguimiento del Atlántico Sur.

Aspectos que no serán incluidos

El proyecto no contempla una reforma integral de la Ley de Seguridad Interior para ampliar de manera general la participación de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional.

Tampoco incorporará modificaciones al sistema de Inteligencia, cuyos eventuales cambios continuarán siendo abordados mediante otras iniciativas.

En paralelo, el Gobierno ya había adoptado medidas relacionadas con el sector hidrocarburífero a través del Decreto 868/2026, vinculado con procedimientos establecidos en la Ley 26.659. La nueva propuesta busca ampliar ese marco de acción ante actividades como el desarrollo del proyecto Sea Lion.

Una vez que el proyecto ingrese a la Cámara baja, comenzará una etapa de conversaciones con los bloques legislativos que podrían acompañar su tratamiento. La administración nacional prevé dialogar con representantes del PRO, la UCR y sectores federales antes de avanzar con el debate en comisiones y una eventual discusión en el recinto.

En el documento oficial, el Ejecutivo planteó que durante 2027 continuará con políticas destinadas a fortalecer la transparencia en el uso de los recursos estatales, modernizar los organismos públicos y promover un esquema de empleo estatal basado en criterios de profesionalización y eficiencia.

Asimismo, el proyecto sostiene que las medidas de simplificación administrativa, reorganización institucional y avance en procesos de privatización buscan generar un marco que favorezca la actividad privada, la inversión y la generación de empleo registrado.

De acuerdo con los datos incorporados en la iniciativa, elaborados a partir de registros del INDEC, la cantidad de empleados del sector público nacional pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 270.835 en julio de 2026. Esto representa una disminución de 72.522 puestos laborales, equivalente a una baja del 21,1% en ese período.

La reducción se concentró principalmente en dos grandes sectores:

• Administración Pública Nacional (APN): disminuyó su planta en 49.578 empleados.
• Empresas y sociedades del Estado: registraron una baja de 22.944 trabajadores.

Dentro de la Administración Pública Nacional, que actualmente cuenta con 183.520 empleados, la reducción alcanzó el 21,3% respecto de noviembre de 2023, cuando la cifra era de 233.098 agentes.

El área con mayor disminución porcentual fue la administración centralizada, integrada por ministerios y la Jefatura de Gabinete, que redujo su personal en un 32,6%, al pasar de 55.858 a 37.657 trabajadores.

En tanto, la administración descentralizada registró una caída del 18,8%, con una reducción de 136.763 a 111.117 empleados, mientras que los organismos desconcentrados disminuyeron su dotación un 15,2%, pasando de 24.932 a 21.131 agentes. El grupo denominado “otros entes” tuvo una baja del 12,4%, al reducirse de 15.545 a 13.615 trabajadores.

En el ámbito de las empresas y sociedades estatales, la cantidad total de empleados pasó de 110.259 a 87.315, lo que implica una reducción del 20,8%.

Entre las compañías con mayores recortes en términos absolutos se encuentran:

• Correo Argentino: redujo 5.618 puestos, al pasar de 16.897 a 11.279 trabajadores.
• Operadora Ferroviaria: disminuyó su plantilla en 4.305 empleados, de 23.834 a 19.529.
• Banco Nación: registró una baja de 2.381 puestos, de 17.806 a 15.425.
• Aerolíneas Argentinas: redujo 1.923 trabajadores, pasando de 11.899 a 9.976.

También se informaron bajas en otras empresas estatales, entre ellas Educar, Fabricaciones Militares, FADEA, Radio y Televisión Argentina, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica e Intercargo. En el caso de AySA, el informe consignó una dotación de 5.933 trabajadores, aunque no estableció una comparación por falta de datos homogéneos.

Respecto de la administración centralizada, los organismos con mayor cantidad de empleados continúan siendo los ministerios de Economía, Capital Humano y Salud.

Economía pasó de 8.686 a 7.682 trabajadores, mientras que Salud redujo su estructura de 8.265 a 7.002 agentes. Capital Humano cuenta con 7.470 empleados tras concentrar funciones provenientes de distintas dependencias.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia registró un aumento en su dotación, que pasó de 1.553 a 2.858 trabajadores, debido a modificaciones en la distribución de áreas y competencias.

El detalle oficial también incluye al PAMI dentro del grupo de otros entes, donde la planta se redujo de 14.325 a 13.025 empleados, con una disminución de 1.300 puestos.

Finalmente, el informe aclaró la situación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), cuya planta tuvo un incremento del 586,3%, al pasar de 73 a 501 trabajadores. Según la explicación oficial, la variación responde a la incorporación de la estructura y personal de Trenes Argentinos Capital Humano en septiembre de 2024, y no a la creación de nuevos cargos.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con Tapia. La presentación plantea dudas sobre el crecimiento de su patrimonio durante esos años y señala un incremento estimado del 1000% en sus bienes.

El expediente analiza documentación vinculada a las declaraciones patrimoniales del dirigente, incluyendo los activos informados en distintos períodos fiscales.

Según los datos incorporados a la investigación:

• Declaración correspondiente a 2017: Tapia había informado la titularidad de cuatro propiedades con una valuación fiscal conjunta de aproximadamente 17 millones de pesos, además de un vehículo y dinero en efectivo por alrededor de 1,5 millones de pesos.
• Declaración correspondiente a 2024: El patrimonio declarado incluía depósitos bancarios superiores a los 1002 millones de pesos, efectivo por más de 39 millones y fondos en una caja de ahorro por 246.206 dólares.

Dentro de los ingresos declarados, figuran montos percibidos por su desempeño en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), por un total de $100.233.144, y por su función como vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con ingresos informados de $718.536.500. En tanto, su cargo como presidente de la AFA figura declarado como ad honorem.

Tapia se incorporó a la estructura de la CEAMSE en 2014, cuando asumió como vicepresidente del organismo, y posteriormente llegó a ocupar la presidencia de la entidad en 2024.

El proceso judicial había comenzado inicialmente en tribunales porteños, aunque luego se generó una discusión sobre la competencia debido al carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, organismo conformado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Entre las medidas ordenadas por la Justicia se encuentra el relevamiento de información sobre propiedades, cuentas bancarias, participaciones societarias, vehículos, embarcaciones y aeronaves vinculadas al dirigente o que hayan integrado su patrimonio durante el período investigado.

Además, se solicitarán registros relacionados con antecedentes laborales, remuneraciones percibidas, movimientos migratorios, posibles reportes de operaciones sospechosas y documentación vinculada a sus funciones y cobros dentro de la CONMEBOL.

El objetivo de la investigación es reunir elementos que permitan elaborar un informe económico, patrimonial y financiero para comparar la evolución de los bienes declarados con los ingresos registrados oficialmente. A partir de ese análisis, la Fiscalía evaluará la correspondencia entre los datos obtenidos y determinará los próximos pasos dentro del expediente.

De esta manera, la normativa recupera su vigencia luego de que los integrantes del tribunal consideraran que las leyes aprobadas conforme a los procedimientos establecidos cuentan con una presunción de legitimidad y deben ser aplicadas mientras no exista una declaración de inconstitucionalidad en un caso concreto.

En su resolución, los camaristas señalaron que la intervención judicial no puede implicar la suspensión general de una norma sancionada por los órganos correspondientes, salvo que se verifique una afectación constitucional específica.

La jueza Pascual había fundamentado su decisión en la falta de condiciones materiales por parte de la Provincia de Buenos Aires para recibir a nuevos adolescentes dentro del sistema penal. En ese marco, había advertido que el alojamiento de jóvenes sin programas adecuados de educación y tratamiento no contribuiría a mejorar los niveles de seguridad.

Al analizar el planteo, la Cámara sostuvo que no desconoce la situación de los adolescentes que actualmente se encuentran privados de la libertad dentro de procesos judiciales en territorio bonaerense. Sin embargo, indicó que, ante eventuales problemas que puedan afectar sus condiciones de detención, serán los jueces intervinientes en cada expediente quienes deberán adoptar las medidas necesarias para resolver esas situaciones.

Los magistrados también señalaron que la apelación contra la decisión de Pascual planteó que la suspensión de la ley representaba una interferencia sobre las funciones de otros poderes del Estado, al dejar sin efecto temporalmente una norma sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, el Fiscal General Departamental sostuvo que la suspensión de la Ley 27.801 se había basado en una proyección sobre posibles consecuencias futuras de su aplicación, sin que se hubieran presentado elementos concretos y actuales que demostraran una vulneración efectiva de derechos fundamentales.

En ese sentido, consideró que existe una diferencia entre el control judicial de constitucionalidad frente a un perjuicio comprobado y la decisión de impedir de manera preventiva la aplicación completa de una ley nacional para todas las personas alcanzadas por ella.

Finalmente, la Cámara remarcó que una medida cautelar no puede utilizarse para suspender de manera general una norma aprobada por el Congreso, ya que ello afectaría el funcionamiento del sistema institucional establecido.

La decisión fue adoptada por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien determinó no hacer lugar al pedido de continuidad de la explotación comercial mediante la implementación de un denominado “Fideicomiso de Administración y Explotación Transitoria”, conforme a los fundamentos establecidos en la resolución.

La presentación había sido realizada por 29 empleados de los establecimientos, con el objetivo de mantener sus puestos laborales y permitir el funcionamiento de los gimnasios mientras avanzaba la causa judicial.

En uno de los apartados del fallo, la magistrada señaló que tuvo en consideración la documentación económica, financiera y laboral incorporada por los solicitantes. No obstante, aclaró que la inclusión de esos elementos en el expediente no implica un reconocimiento judicial sobre la existencia, características, alcance, antigüedad o modalidad de los vínculos laborales o profesionales mencionados, ni sobre eventuales créditos derivados de esas relaciones.

Asimismo, la resolución establece que la intervención del Tribunal para analizar alternativas destinadas a reducir el impacto social generado por las medidas cautelares adoptadas no significa que la Justicia asuma responsabilidades laborales, comerciales, profesionales o patrimoniales correspondientes a las personas físicas o jurídicas investigadas.

En ese sentido, el fallo remarcó que la actuación judicial no genera la obligación de garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo ni de las actividades afectadas por las medidas dispuestas dentro del proceso.

La jueza también dejó expresamente a salvo la posibilidad de que los interesados puedan ejercer los derechos laborales, profesionales o patrimoniales que consideren correspondientes por las vías legales y ante los organismos competentes.

Finalmente, la resolución dispuso mantener las medidas cautelares vigentes sobre los bienes vinculados a la investigación y ordenó preservar su adecuada custodia y conservación mientras continúen las circunstancias que motivaron su afectación al expediente judicial.