La Fiscalía General del Estado de Paraguay dispuso la apertura de una investigación penal contra el presidente renunciante, Santiago Peña, a raíz de las denuncias relacionadas con el caso Ueno Bank. La medida fue ordenada por el fiscal general, Emiliano Rolón, a través de la Resolución FGE N.º 4474, luego de una denuncia presentada por legisladores en octubre de 2025 y de una ampliación incorporada este jueves.

Para avanzar con las actuaciones, Rolón designó un equipo integrado por los fiscales Christian Benítez, Elena Fiore Franco y Silvia González Véster. La coordinación estará a cargo de la fiscala adjunta Nancy Salomón, perteneciente a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Los investigadores deberán examinar los hechos expuestos y establecer si existen conductas que puedan derivar en responsabilidades penales.

El expediente comprende las presentaciones efectuadas el 22 de octubre de 2025 y los nuevos elementos aportados recientemente por bloques de senadores y diputados. Los cuestionamientos se concentran en los procedimientos de fiscalización y posterior resolución de Ueno Bank S.A., las inversiones y depósitos de dinero público en esa entidad y las decisiones adoptadas por las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de distintas dependencias estatales.

A estas actuaciones se sumaron nuevas denuncias formuladas este jueves contra Peña; el vicepresidente Pedro Alliana; el exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; y funcionarios y exfuncionarios del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). También se incorporó una presentación realizada por el actual titular de Economía, Óscar Lovera Chávez.

Cuestionamientos por los controles y los depósitos estatales

Entre los aspectos que deberán ser examinados figura el presunto conocimiento que habrían tenido las autoridades del Banco Central, especialmente su presidente, Carlos Carvallo, sobre las dificultades financieras de Ueno Bank desde abril de 2026.

De acuerdo con lo planteado por los denunciantes, pese a contar con información sobre la situación de la entidad, no se habrían puesto en marcha a tiempo las herramientas legales disponibles para anticiparse a la crisis que posteriormente motivó su intervención.

Otro eje de la presentación apunta a los recursos públicos depositados en el banco por instituciones como el IPS, Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Economía y otras dependencias estatales. Los legisladores pidieron que se revisen individualmente esas operaciones para determinar si hubo decisiones contrarias a las normas o posibles acuerdos irregulares entre quienes participaron de ellas.

Los impulsores de las denuncias consideran que, con la intervención del Banco Central y el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, la exposición financiera de la entidad podría traducirse en pérdidas para el Estado.

En ese marco, advirtieron sobre los depósitos públicos que exceden el límite de protección del Fondo de Garantía de Depósitos, fijado en 228,3 millones de guaraníes por titular. Según señalaron, la recuperación de esos fondos dependerá del resultado del balance de exclusión de la entidad financiera.

La investigación fiscal deberá determinar ahora la veracidad de los hechos denunciados y establecer si las decisiones adoptadas por los funcionarios involucrados constituyeron alguna infracción penal.