El Gobierno nacional remitió este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una propuesta que reúne 240 artículos y apunta a reformular distintos aspectos del sistema crediticio, el mercado de capitales y los instrumentos utilizados para garantizar operaciones.

El texto cuenta con las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Diego Santilli; y de los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva. Su tratamiento quedará a cargo de cuatro comisiones parlamentarias: Legislación General, Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.

Uno de los artículos que despertó cuestionamientos fue el que planteaba suprimir la exención del Impuesto a las Ganancias para las operaciones de venta de Certificados de Depósito Argentinos (Cedears). En la actualidad, estos instrumentos reciben un tratamiento tributario equivalente al de las acciones locales, por lo que las personas físicas no deben abonar ese tributo cuando los venden. La propuesta original buscaba modificar ese esquema e incorporar un gravamen sobre dichas transacciones.

Frente a la controversia generada, Felipe Nuñez, asesor del ministro de Economía, anunció que esa disposición será excluida de la iniciativa. "Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar", manifestó a través de sus redes sociales.

En la fundamentación inicial, el Poder Ejecutivo sostenía que el beneficio impositivo producía una desigualdad, ya que posibilitaba canalizar inversiones en activos del exterior mediante Cedears sin pagar Ganancias, mientras que la compra directa de esos mismos activos podía quedar sujeta al tributo.

Digitalización y nuevas alternativas de inversión

Al margen de la cuestión impositiva, el proyecto propone actualizar el funcionamiento del mercado de capitales a partir de la incorporación de tecnologías digitales. Para ello, establece el criterio de neutralidad tecnológica, que permitirá emitir y llevar registros de títulos de crédito en formatos electrónicos, incluso mediante plataformas que utilicen tecnología blockchain.

La iniciativa también contempla la posibilidad de tokenizar distintos instrumentos financieros, entre ellos acciones, obligaciones negociables, participaciones en fondos comunes de inversión y certificados de fideicomisos. Asimismo, prevé que los activos virtuales queden comprendidos dentro del ámbito de fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cambios para los depósitos y los instrumentos de pago

La reforma introduce modificaciones en las condiciones de los plazos fijos. Los certificados correspondientes a depósitos constituidos por un período igual o superior a 365 días podrán negociarse en mercados regulados por la CNV antes de su fecha de vencimiento. De esta manera, los titulares tendrían la posibilidad de obtener liquidez sin tener que cancelar anticipadamente la colocación.

Por otra parte, se habilitaría la incorporación de mecanismos de actualización vinculados a determinados índices en pagarés y letras de cambio. Estos documentos también podrían establecer cancelaciones mediante la entrega de bienes, como granos o minerales.

Ampliación de las garantías para acceder al financiamiento

En cuanto al respaldo de las operaciones crediticias, el proyecto propone ampliar el conjunto de bienes y derechos que podrán utilizarse como garantía. La nómina incluiría programas informáticos, acciones, participaciones societarias, activos virtuales y créditos que se generen en el futuro.

Además, se incorporaría la denominada "prenda flotante", una herramienta que permitiría respaldar obligaciones mediante existencias comerciales, ingresos por cobranzas y futuros flujos de fondos.

Para organizar el registro de estas garantías, el Ejecutivo plantea crear un Sistema Federal de Registro de Garantías, que funcionaría bajo la órbita de supervisión del Banco Central. El orden de preferencia entre los acreedores se establecería de acuerdo con el momento exacto —fecha y hora— en que cada garantía quede inscripta.

Medidas destinadas a pymes y al sector inmobiliario

El proyecto también incluye disposiciones orientadas a facilitar las operaciones de las pequeñas y medianas empresas. Entre ellas, propone extender de 15 a 21 días corridos el período para que se produzca la aceptación automática de la Factura de Crédito Electrónica MiPyME. A su vez, incorpora la posibilidad de negociar electrónicamente cheques, pagarés y warrants.

En el rubro inmobiliario, se prevé modificar el momento en que deben tributar Ganancias quienes aporten terrenos a fideicomisos destinados a desarrollos. Bajo el esquema propuesto, el pago del impuesto se concretaría cuando reciban la participación correspondiente en el emprendimiento y no al momento de transferir el terreno.

Finalmente, la iniciativa contempla dejar sin efecto diversas disposiciones legales, entre ellas algunas relacionadas con el régimen de prenda agraria y las sociedades emisoras, además de otras normas que el Gobierno considera necesario actualizar dentro del marco regulatorio financiero.