El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) estableció el sábado 28 de noviembre de 2026 como fecha para comunicar su decisión sobre el pedido argentino de medidas provisionales contra el proyecto petrolero Sea Lion, previsto en aguas que rodean a las Islas Malvinas.

El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al concluir la segunda y última jornada de exposiciones orales en Hamburgo, Alemania. De esta manera, quedó definido el calendario de resolución, luego de que el Gobierno argentino aguardara un pronunciamiento más próximo, incluso durante esta misma semana.

Con el plazo establecido, los magistrados dispondrán de 17 días para analizar los argumentos presentados por ambas delegaciones.

El debate técnico dejó en claro que la controversia excede la continuidad del emprendimiento petrolero. Antes de resolver el planteo, el Tribunal deberá determinar si está habilitado para intervenir, si existe un riesgo concreto y próximo de perjuicio para los derechos invocados por la Argentina y si el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) podrá actuar antes de que comiencen las perforaciones.

El pedido argentino y la respuesta del Reino Unido

En el cierre de la presentación argentina, Mario Oyarzábal, representante del país ante el TIDM, detalló cuatro medidas que Buenos Aires pretende que se impongan al Reino Unido.

La primera consiste en detener cualquier nueva perforación destinada a la explotación de hidrocarburos y la instalación de infraestructura productiva en la cuenca norte de las Malvinas vinculada con Sea Lion. También reclamó que Londres no utilice los datos obtenidos durante las tareas exploratorias de una manera que perjudique los derechos argentinos.

Además, solicitó que el Reino Unido deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la Argentina, contempladas en los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, y que se abstenga de conceder nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental cuya jurisdicción se encuentra en disputa.

Oyarzábal rechazó la interpretación británica de que el planteo busca introducir una discusión sobre soberanía territorial bajo el marco de la Convención. Según sostuvo, la Argentina no pretende convertir este procedimiento en un litigio de esa naturaleza.

Durante su exposición, el profesor Marcelo Kohen reforzó esa postura y argumentó que el Tribunal puede disponer medidas cautelares sin pronunciarse sobre la titularidad de las islas. Para ello, afirmó, alcanza con que los derechos invocados por Buenos Aires resulten plausibles dentro del régimen jurídico de la CONVEMAR.

Kohen también enumeró siete circunstancias que, según indicó, no fueron cuestionadas por la representación británica. Entre ellas mencionó que las Malvinas continúan incluidas por Naciones Unidas en la nómina de territorios no autónomos y que la Asamblea General pidió evitar decisiones unilaterales mientras se desarrolla el proceso de descolonización.

La abogada británica Amy Sander planteó una interpretación opuesta. Sostuvo que el argumento argentino sobre el cómputo de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en las islas presupone que el país se considera soberano sobre ese territorio. Por esa razón, entendió que se trata de otra forma de introducir la misma controversia territorial.

Sander también cuestionó el pedido para que el Reino Unido deje de impedir que la Argentina cumpla sus compromisos de protección ambiental. A su entender, si Buenos Aires considera que Londres incumple las obligaciones establecidas en la Parte XII de la Convención, debería formular esa acusación de manera explícita.

El desacuerdo central entre las partes quedó así planteado: mientras la Argentina sostiene que la cuestión de soberanía constituye el marco histórico y jurídico del conflicto, pero no el objeto de esta solicitud, Londres considera que todos los argumentos argentinos dependen de que se reconozca al país como Estado ribereño de las islas.

La discusión sobre los posibles daños ambientales

Otro de los puntos centrales de las audiencias fue el impacto que podría generar la explotación petrolera. El asesor de la delegación argentina, Nico Schrijver, identificó cuatro factores que, a su criterio, representan riesgos acumulativos y diferencian esta etapa de las actividades de exploración realizadas anteriormente.

Entre ellos mencionó la extensión temporal del emprendimiento, que podría alcanzar los 30 años y comprender unos 11.000 días de operaciones; la incorporación de nuevas fuentes potenciales de contaminación, con 26 pozos, 60 kilómetros de conductos submarinos y un buque de producción anclado; las dificultades para responder ante eventuales derrames en condiciones meteorológicas adversas; y la falta de antecedentes de Navitas Petroleum como operadora de campos petroleros en producción.

Para respaldar su exposición, Schrijver citó información de la propia compañía, según la cual existiría una probabilidad superior al 90% de que un derrame de gran magnitud llegue a aguas internacionales. También señaló que los residuos podrían desplazarse hasta 220 kilómetros al norte del área de explotación.

La representación británica respondió mediante el abogado Guglielmo Verdirame KC, quien defendió la evaluación de impacto ambiental del proyecto. Según ese documento, la posibilidad de que el buque de producción sufra una pérdida catastrófica es considerada muy improbable y no registra antecedentes en más de dos décadas de operaciones internacionales de características similares. Asimismo, calculó que la probabilidad de un reventón durante las perforaciones de desarrollo sería de uno cada 20.834 pozos.

A partir de estas posiciones contrapuestas, los jueces deberán establecer cómo aplicar el artículo 290 de la CONVEMAR: si para conceder las medidas alcanza con demostrar que las consecuencias de un eventual incidente serían graves o si, además, debe acreditarse que existe una probabilidad concreta de que ocurra.

Verdirame también defendió las estimaciones económicas presentadas por el Reino Unido durante la primera jornada. En ese sentido, mencionó que Rockhopper Exploration calculó pérdidas por unos 1.000 millones de dólares y respaldó esa cifra con los 865 millones de dólares que, según la declaración de su director ejecutivo, Samuel Moody, ya fueron obtenidos mediante distintas fuentes de financiamiento.

El abogado británico cuestionó, además, que la Argentina haya ampliado el alcance de su solicitud durante las audiencias. Explicó que el planteo inicial apuntaba a frenar la explotación de los recursos, actividad que no comenzaría antes de 2028, mientras que posteriormente se incorporó el pedido de suspender las perforaciones preparatorias previstas para marzo de 2027.

"Una parte que invoca el procedimiento excepcional del artículo 290 no debería presentarse sin tener una idea clara del riesgo real e inminente de perjuicio irreparable que dice enfrentar", sostuvo.

La urgencia de una decisión antes de marzo de 2027

La posibilidad de que el Tribunal Arbitral del Anexo VII de la CONVEMAR pueda intervenir antes del 21 de marzo de 2027, fecha prevista para el comienzo de las perforaciones, fue otro de los aspectos más discutidos.

Schrijver presentó una comparación basada en seis antecedentes de tribunales arbitrales internacionales. De acuerdo con ese relevamiento, los procesos de constitución y puesta en funcionamiento demandaron entre 3,8 y nueve meses. En cinco de esos seis casos, sostuvo, el organismo arbitral no habría estado en condiciones de actuar a tiempo.

Michael Wood, representante del Reino Unido durante el tramo final de las exposiciones, objetó esa comparación. Argumentó que ninguno de los antecedentes mencionados contemplaba una solicitud urgente de medidas provisionales presentada desde el primer momento de conformación del tribunal.

Como ejemplo, citó el caso Arctic Sunrise, ocurrido en 2015. Según explicó, el 11 de diciembre de ese año Italia presentó un pedido de medidas provisionales ante un tribunal del Anexo VII que todavía no había realizado su primera reunión procesal. Pese a que el trámite coincidió con el período de celebraciones de fin de año, el organismo consiguió actuar con rapidez.

La delegación argentina replicó que incluso tomando como referencia el procedimiento más veloz de los seis antecedentes analizados, el tribunal arbitral recién estaría en condiciones de funcionar el 6 de marzo, apenas 15 días antes de la fecha prevista para iniciar las perforaciones. Para entonces, advirtió, todavía podrían quedar pendientes la audiencia y la resolución del pedido.

"En cuestión de días es una afirmación, no un cronograma", cuestionó Schrijver. Al finalizar su intervención, alertó sobre las consecuencias de permitir que comiencen las tareas de desarrollo: "Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será".

Londres pidió que se rechace el planteo argentino

En representación del Reino Unido, la agente ante el TIDM, Sally Langridge, presentó las conclusiones finales de su país y solicitó que los magistrados desestimen todas las medidas provisionales reclamadas por la Argentina.

La postura británica se apoyó en cuatro argumentos principales. En primer lugar, sostuvo que la presentación argentina presupone que el país es el Estado ribereño de las Malvinas y que, por lo tanto, constituye en esencia un reclamo de soberanía territorial, una cuestión que excedería las atribuciones del Tribunal del Mar.

También afirmó que Buenos Aires no logró demostrar la existencia de derechos plausibles derivados de la CONVEMAR. A esto agregó que no habría urgencia que justifique la intervención del organismo, dado que el tribunal arbitral del Anexo VII podría quedar constituido antes del inicio de las perforaciones.

Por último, Londres argumentó que las consecuencias económicas de una eventual suspensión recaerían principalmente sobre los habitantes de las islas y las compañías que invirtieron en el emprendimiento, y no sobre la Argentina.

La resolución prevista para el 28 de noviembre será determinante para el futuro inmediato del proyecto Sea Lion. El Tribunal deberá establecer si las actividades petroleras pueden continuar conforme al calendario previsto o si corresponde imponer una suspensión temporal hasta que se constituya el tribunal arbitral encargado de analizar el fondo de la controversia.