El exsecretario del Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes, Pablo Carlos Molina, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión en el marco de una causa que desarticuló una presunta red de corrupción judicial vinculada con el narcotráfico. El acusado, hijo del exministro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco Eduardo Molina, fue hallado responsable de integrar una asociación ilícita que recibía pagos ilegales para favorecer a personas investigadas por delitos relacionados con las drogas.

La nueva sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, que revisó las penas de ocho condenados luego de que la Cámara Federal de Casación Penal agravara su responsabilidad por formar parte de la estructura delictiva.

De acuerdo con la investigación, la organización operaba desde el Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes, que en aquel entonces estaba a cargo del exjuez Carlos Soto Dávila. La maniobra involucraba a funcionarios judiciales y abogados, quienes presuntamente coordinaban el cobro de sobornos a personas vinculadas con causas de narcotráfico a cambio de obtener decisiones judiciales favorables.

El fallo fue firmado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Simón Bracco y Fabián Cardozo, quienes determinaron condenas que van desde los dos hasta los nueve años y seis meses de prisión. En cuanto a la situación procesal de Soto Dávila, los magistrados resolvieron postergar una decisión hasta que se resuelva el planteo de incapacidad sobreviniente presentado por su defensa.

Casación agravó las condenas

La actualización de las penas se produjo luego de que, en diciembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal modificara las sentencias dictadas durante 2023. En el juicio original, los acusados habían recibido condenas por distintos hechos de corrupción, aunque habían sido absueltos del delito de asociación ilícita.

Sin embargo, tras analizar parcialmente los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, Casación consideró probada la existencia de una organización criminal en la que sus integrantes cumplían funciones específicas para concretar las maniobras investigadas. Esa determinación derivó en la revisión de las sanciones impuestas.

Los fundamentos completos de las nuevas penas serán dados a conocer el próximo 10 de noviembre.

Las condenas establecidas por el tribunal

Además de la pena impuesta a Molina, el TOF de Corrientes fijó las siguientes sanciones para los demás involucrados:

  • Federico Alberto Grau, exsecretario judicial: recibió seis años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua por asociación ilícita, cohecho pasivo agravado y prevaricato. En el juicio inicial había sido condenado a cuatro años de cárcel.

  • Duylio Horacio Barboza Galeano, abogado: fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por integrar la asociación ilícita y participar como coautor en hechos de cohecho activo agravado. En la instancia anterior había recibido dos años de prisión.

  • Gregorio Humberto Giménez, abogado: recibió una pena de tres años y seis meses de prisión por asociación ilícita y cohecho activo agravado.

  • Tomás Alfredo Viglione, abogado: fue condenado a tres años y seis meses de prisión por los mismos delitos, con responsabilidad en dos hechos de cohecho activo agravado.

  • Jorge Ricardo Vallejos, abogado: deberá cumplir tres años y seis meses de prisión por asociación ilícita y cohecho activo agravado. En el juicio original había sido condenado a dos años.

  • Omar Antonio Serial, abogado: recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso por cohecho activo agravado, en calidad de coautor.

  • Juan Manuel Faraone, exintendente de Empedrado: fue condenado a dos años de prisión en suspenso por cohecho activo agravado.

Las nuevas sanciones representan un endurecimiento de las condenas para varios de los involucrados y reflejan el cambio de criterio judicial respecto de la existencia de una estructura organizada para obtener beneficios ilegales dentro del sistema de justicia federal correntino.