La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que propone endurecer las sanciones contra el vandalismo rural. La iniciativa, que reunió 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, fue impulsada, entre otros legisladores, por el chaqueño Guillermo Agüero y Martín Ardohain. El texto será girado al Senado para continuar su tratamiento parlamentario.

Durante el debate, Agüero sostuvo que la propuesta apunta a brindar mayor protección a quienes viven y trabajan en zonas rurales, además de resguardar la actividad agropecuaria y su ciclo productivo.

El legislador explicó que la iniciativa se apoya en dos objetivos principales: garantizar condiciones de seguridad y tranquilidad para las familias rurales y preservar la producción de un sector fundamental para la economía argentina.

En ese marco, rechazó que el proyecto responda exclusivamente a intereses empresariales y remarcó que detrás de cada establecimiento agropecuario hay personas que residen y desarrollan sus tareas en el campo. “El productor agropecuario no es una persona, un inversor que está encerrado en una oficina en un centro urbano con planillas Excel; el productor, su puestero, sus capataces, sus peones y sus familias viven y trabajan en el campo”, expresó.

Agüero también hizo hincapié en la situación de los pequeños productores, especialmente de aquellos que trabajan superficies de entre 70 y 100 hectáreas y que, según señaló, muchas veces carecen de recursos suficientes para implementar sistemas de vigilancia y protección.

Nuevas figuras penales para prevenir ataques en el campo

La iniciativa plantea incorporar dos artículos al Código Penal y modificar otro ya vigente, con el propósito de ampliar las herramientas legales frente a distintas modalidades de delitos rurales.

Uno de los cambios consiste en la incorporación del artículo 150 bis, que prevé sanciones para la intrusión ilegítima y el merodeo en establecimientos rurales. De acuerdo con el proyecto, la existencia de cercos, alambrados o tranqueras constituiría un elemento para presumir que el ingreso se produjo sin autorización.

Al explicar esta disposición, Agüero vinculó el merodeo con posibles tareas de reconocimiento previas a la comisión de delitos. “Como una tarea de inteligencia previa que desarrollan las bandas para cometer futuros golpes”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos que pueden generar los ingresos clandestinos de cazadores, tanto para la integridad de las personas que habitan en zonas rurales como para los animales, que pueden sufrir situaciones de estrés y otras consecuencias.

Otro de los puntos centrales es el artículo 184 bis, que establece penas de hasta ocho años de prisión y multas de hasta doce veces el valor del daño ocasionado para quienes destruyan o dañen bienes relacionados con la actividad agropecuaria. Entre los elementos alcanzados se encuentran los silobolsas, los paneles solares, los cultivos, el ganado y las bombas de agua.

La propuesta también contempla un agravamiento de las penas cuando los hechos sean cometidos por funcionarios públicos o por personas vinculadas al sector agropecuario, bajo las condiciones previstas en el texto.

“Bajo esta misma lógica tutelar, incrementamos la pena duplicándola en caso que el delito lo cometa un funcionario público o personas vinculadas al sector agropecuario”, afirmó el diputado.

Sanciones por promover delitos rurales en redes sociales

El proyecto incluye, además, una modificación del artículo 209 del Código Penal para penalizar la instigación a cometer delitos rurales mediante publicaciones o mensajes difundidos en redes sociales.

Al cerrar su intervención, Agüero defendió la necesidad de avanzar con medidas que brinden seguridad a los habitantes del interior y permitan proteger el trabajo productivo.

“Defender al campo y a la familia rural es defender el arraigo en el interior profundo; estamos del lado de los que producen y trabajan, no de los que destruyen”, concluyó.

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, la iniciativa superó su primera instancia legislativa. Su eventual conversión en ley dependerá ahora del tratamiento y la decisión del Senado de la Nación.