La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) manifestaron su disconformidad con la reciente decisión de un tribunal de San Nicolás que absolvió a siete representantes sindicales involucrados en una causa por bloqueos y presuntas acciones intimidatorias contra una empresa, ocurridas durante 2021.
A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones expresaron su preocupación por las implicancias del fallo y remarcaron la necesidad de diferenciar las medidas gremiales legítimas de aquellas conductas que puedan restringir el funcionamiento de las empresas o impedir el ejercicio de derechos de terceros.
Las entidades señalaron que reconocen el derecho a huelga y la libertad sindical, garantías contempladas en la Constitución Nacional. Sin embargo, sostuvieron que esas facultades no deben confundirse con acciones coercitivas, violentas o bloqueos que obstaculicen la actividad laboral, comercial o el derecho de propiedad.
Desde el sector supermercadista advirtieron que este tipo de situaciones puede ocasionar perjuicios importantes a las compañías, especialmente a aquellas que generan puestos de trabajo y cumplen un papel esencial en la distribución cotidiana de productos de primera necesidad para millones de personas.
En ese sentido, remarcaron que la protección de los derechos laborales debe contemplar también las garantías de quienes invierten, producen, trabajan y contribuyen a sostener la actividad económica. Según expresaron, la defensa de los intereses de los trabajadores no debería implicar el desconocimiento de los derechos de otros integrantes de la sociedad.
CAS y FASA también plantearon que resulta fundamental que el Poder Judicial asegure la aplicación de las normas vigentes y proteja las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Asimismo, alertaron sobre el riesgo de que determinadas resoluciones puedan interpretarse como una validación de métodos de presión basados en la intimidación o el impedimento de actividades.
Por último, las organizaciones reafirmaron su compromiso con el diálogo entre las partes, la negociación colectiva y la convivencia democrática como herramientas para resolver los conflictos laborales.
Ambas instituciones concluyeron que el respeto por la legislación y la seguridad jurídica son elementos esenciales para generar confianza, incentivar nuevas inversiones, proteger el empleo y contribuir al crecimiento económico y social de la Argentina.