El juez Fabián Lorenzini resolvió declarar la quiebra de Algodonera Avellaneda luego de que fracasaran las distintas alternativas impulsadas para evitar el cierre definitivo de la compañía. La decisión se produjo nueve días después de que finalizara el período habilitado para que acreedores, empresas o cooperativas presentaran ofertas para hacerse cargo de la firma.

El plazo concluyó el 5 de octubre sin que ningún interesado se registrara para participar del proceso de salvataje. A esto se sumó la imposibilidad de la empresa de alcanzar un acuerdo con sus acreedores, por lo que el magistrado determinó el cierre de la etapa concursal y decretó la quiebra.

La compañía, con sede en Reconquista, Santa Fe, contaba con aproximadamente 360 empleados, varios de los cuales atravesaban meses sin percibir sus salarios. Su estructura productiva estaba conformada por tres establecimientos: una hilandería ubicada en Reconquista, que trabajaba al 60% de su capacidad, y dos plantas desmotadoras situadas en Chaco y Santiago del Estero.

Uno de los principales puntos de conflicto durante el proceso fue la posición del Banco de la Nación Argentina (BNA), que concentra más del 80% del pasivo verificado y rechazó las propuestas formuladas por considerarlas insuficientes.

La entidad bancaria reclama una deuda de $1.585,7 millones y otros US$260,7 millones. Esos créditos tienen su origen en garantías otorgadas por Algodonera Avellaneda en respaldo de obligaciones vinculadas con Vicentin.

La empresa había intentado excluir al BNA de la votación dentro del proceso concursal, pero ese planteo fue rechazado por Lorenzini el pasado 14 de septiembre. Posteriormente, se habilitó el mecanismo de salvataje conocido como cramdown, cuyo registro permaneció abierto hasta el 5 de octubre, aunque finalmente no hubo interesados.

Una deuda que continuó creciendo durante el concurso

En los fundamentos de su resolución, el juez Lorenzini señaló que las obligaciones financieras verificadas superan los US$260 millones. A esa cifra se agregan más de $6.000 millones correspondientes a deudas generadas durante el proceso concursal, vinculadas con gastos operativos, servicios e impuestos que quedaron pendientes de pago.

El magistrado recordó además que se habían otorgado sucesivas extensiones de los plazos, en diciembre de 2025 y posteriormente en febrero y julio de 2026, sin que ninguna de esas medidas permitiera alcanzar una solución.

Según sostuvo, la Justicia no cuenta con margen para continuar extendiendo indefinidamente el procedimiento mediante nuevos plazos que no estén contemplados por la legislación. En ese sentido, consideró que prolongar el trámite podría profundizar el deterioro económico de la empresa.

La actividad podría continuar de manera transitoria

La declaración de quiebra no implica, por el momento, la paralización inmediata de las plantas. La sindicatura deberá evaluar si resulta conveniente mantener temporalmente la explotación de la empresa con el objetivo de preservar el valor de sus activos y eventualmente facilitar una futura venta como unidad productiva.

La resolución también dispuso el desapoderamiento de los bienes de la sociedad, la inhabilitación de la empresa y de su directorio, además de establecer restricciones para que los administradores puedan abandonar el país sin autorización judicial.

Como parte de las próximas instancias del proceso, la Justicia convocó a una audiencia para el 22 de octubre. Allí participarán acreedores, trabajadores y otros interesados para analizar las medidas que deberán adoptarse a partir del nuevo escenario.

De esta manera, Algodonera Avellaneda ingresa en una nueva etapa judicial luego de que no prosperaran las alternativas destinadas a evitar la quiebra, en medio de una crisis que también impacta sobre sus trabajadores y las unidades productivas que la compañía mantiene en Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.