El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión de primera instancia que ordenó avanzar con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y dejó sin efecto la condición establecida por el Poder Ejecutivo para su aplicación.

La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, luego de hacer lugar a los amparos promovidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El pronunciamiento judicial cuestionó específicamente una disposición incluida en el decreto 759/2025, mediante la cual el Gobierno había supeditado la ejecución de la ley a la definición de los recursos necesarios y a la incorporación de las partidas correspondientes dentro del presupuesto.

La decisión del juez Cormick

En su resolución, el magistrado dejó sin efecto la cláusula que condicionaba la entrada en vigencia efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario a la determinación previa de las fuentes presupuestarias.

A su vez, ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con las medidas reglamentarias necesarias para asegurar el “cumplimiento inmediato” de la legislación, cuya vigencia se remonta a 2025.

Entre los argumentos expuestos, Cormick calificó de “extraconstitucional” el mecanismo adoptado por el Gobierno para postergar la aplicación de una norma que había sido aprobada por el Congreso.

El juez también señaló que el artículo 9 de la propia Ley de Financiamiento Universitario establece alternativas para atender las obligaciones derivadas de la normativa. Entre ellas, mencionó la posibilidad de realizar adecuaciones presupuestarias y utilizar recursos corrientes que superen las previsiones originales, sin comprometer los fondos correspondientes a las provincias mediante el régimen de coparticipación.

Cómo comenzó la disputa

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025, a partir de una iniciativa impulsada por sectores de la oposición.

Tras el veto presidencial, ambas cámaras legislativas lograron reunir las mayorías necesarias para insistir con la sanción de la norma.

Posteriormente, en octubre de ese año, el Poder Ejecutivo promulgó la ley mediante el decreto 759/2025. Sin embargo, estableció que su implementación quedaría sujeta a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y contemplara las partidas correspondientes dentro del presupuesto.

Esta condición fue cuestionada posteriormente ante los tribunales por el CIN y la UBA, que solicitaron que la legislación pudiera aplicarse sin esa limitación.

El impacto estimado sobre el PBI

El fallo también incorporó consideraciones sobre el costo fiscal asociado a la aplicación de la ley y tomó como referencia una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

De acuerdo con ese cálculo, durante 2025 el impacto presupuestario de la Ley de Financiamiento Universitario habría representado aproximadamente el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

Con la decisión de primera instancia, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con la aplicación de la normativa, aunque la apelación anunciada por el Gobierno trasladará ahora la discusión a una nueva instancia judicial.