El Gobierno nacional concluyó la elaboración del proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y tiene previsto remitirlo este miércoles a la Cámara de Diputados, luego de finalizar la revisión técnica de un texto que reúne herramientas vinculadas con la cuestión Malvinas desde distintos ámbitos.
La propuesta será incorporada al sistema de Gestión Documental Electrónica para completar los pasos administrativos correspondientes antes de su ingreso formal al Congreso. El proyecto está estructurado en aproximadamente seis capítulos principales.
La redacción definitiva demandó varios días de trabajo debido a la complejidad de los puntos incluidos. Desde el Ejecutivo indicaron que el objetivo fue cerrar el contenido técnico antes de iniciar las instancias de debate político con los distintos sectores legislativos.
Los principales ejes de la iniciativa
Entre los puntos centrales del proyecto figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, junto con un esquema destinado a resguardar infraestructura crítica y establecer criterios específicos para la protección de los espacios aeroespacial y marítimo.
Uno de los apartados está orientado a establecer nuevas herramientas frente a empresas o actores que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Si bien inicialmente el análisis estuvo centrado en el sector de hidrocarburos, durante el proceso de elaboración se contempló extender el alcance a otras áreas productivas como pesca, minería y actividades relacionadas.
La iniciativa también incorpora disposiciones sobre proveedores estratégicos y activos considerados esenciales, entre ellos redes de comunicación, centros de almacenamiento de información, sistemas tecnológicos y otros servicios sensibles.
En el área aeroespacial, el proyecto propone establecer procedimientos más definidos ante la detección de aeronaves consideradas irregulares o potencialmente hostiles. Según trascendió, la norma no contemplará la autorización de derribos automáticos de vuelos no identificados, sino mecanismos de actuación escalonados.
Además, se prevé avanzar en la integración de sistemas de radar, telecomunicaciones, tecnología satelital e inteligencia de señales. Dentro de ese esquema, la Base Naval Integrada de Ushuaia tendrá un rol relevante para las tareas de vigilancia y seguimiento del Atlántico Sur.
Aspectos que no serán incluidos
El proyecto no contempla una reforma integral de la Ley de Seguridad Interior para ampliar de manera general la participación de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional.
Tampoco incorporará modificaciones al sistema de Inteligencia, cuyos eventuales cambios continuarán siendo abordados mediante otras iniciativas.
En paralelo, el Gobierno ya había adoptado medidas relacionadas con el sector hidrocarburífero a través del Decreto 868/2026, vinculado con procedimientos establecidos en la Ley 26.659. La nueva propuesta busca ampliar ese marco de acción ante actividades como el desarrollo del proyecto Sea Lion.
Una vez que el proyecto ingrese a la Cámara baja, comenzará una etapa de conversaciones con los bloques legislativos que podrían acompañar su tratamiento. La administración nacional prevé dialogar con representantes del PRO, la UCR y sectores federales antes de avanzar con el debate en comisiones y una eventual discusión en el recinto.