El Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo habilitó nuevas medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación que busca determinar la evolución económica y patrimonial de Claudio Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante el período comprendido entre 2017 y 2024.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con Tapia. La presentación plantea dudas sobre el crecimiento de su patrimonio durante esos años y señala un incremento estimado del 1000% en sus bienes.

El expediente analiza documentación vinculada a las declaraciones patrimoniales del dirigente, incluyendo los activos informados en distintos períodos fiscales.

Según los datos incorporados a la investigación:

  • Declaración correspondiente a 2017: Tapia había informado la titularidad de cuatro propiedades con una valuación fiscal conjunta de aproximadamente 17 millones de pesos, además de un vehículo y dinero en efectivo por alrededor de 1,5 millones de pesos.
  • Declaración correspondiente a 2024: El patrimonio declarado incluía depósitos bancarios superiores a los 1002 millones de pesos, efectivo por más de 39 millones y fondos en una caja de ahorro por 246.206 dólares.

Dentro de los ingresos declarados, figuran montos percibidos por su desempeño en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), por un total de $100.233.144, y por su función como vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con ingresos informados de $718.536.500. En tanto, su cargo como presidente de la AFA figura declarado como ad honorem.

Tapia se incorporó a la estructura de la CEAMSE en 2014, cuando asumió como vicepresidente del organismo, y posteriormente llegó a ocupar la presidencia de la entidad en 2024.

El proceso judicial había comenzado inicialmente en tribunales porteños, aunque luego se generó una discusión sobre la competencia debido al carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, organismo conformado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Entre las medidas ordenadas por la Justicia se encuentra el relevamiento de información sobre propiedades, cuentas bancarias, participaciones societarias, vehículos, embarcaciones y aeronaves vinculadas al dirigente o que hayan integrado su patrimonio durante el período investigado.

Además, se solicitarán registros relacionados con antecedentes laborales, remuneraciones percibidas, movimientos migratorios, posibles reportes de operaciones sospechosas y documentación vinculada a sus funciones y cobros dentro de la CONMEBOL.

El objetivo de la investigación es reunir elementos que permitan elaborar un informe económico, patrimonial y financiero para comparar la evolución de los bienes declarados con los ingresos registrados oficialmente. A partir de ese análisis, la Fiscalía evaluará la correspondencia entre los datos obtenidos y determinará los próximos pasos dentro del expediente.