La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha dado un paso más y ha decidido llevar la renovación al frente de la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz al Tribunal Supremo, a través de un recurso contencioso-administrativo que confía siga los pasos de los que han anulado recientes nombramientos del ministerio público, entre ellos, el que ascendía a la máxima categoría de la carrera a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, al entender que se había acordado por «desviación de poder».
Como la renovación se produjo por decreto el pasado 27 de diciembre, la asociación minoritaria, pero que cuenta con un vocal en el Consejo Fiscal, Salvador Viada, todavía está en plazo de impugnarlo. “La Apif, que reclama un ministerio fiscal constitucional, integrado en el poder judicial y con autonomía funcional respecto del mismo, no puede sino constatar que el modelo de fiscal que pretende el Gobierno es justo el contrario del que diseñó el constituyente», argumenta el colectivo, que cree que «se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno».
En un comunicado añade que «ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco, condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros», lo que dice que «supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular“, para a continuación recordar las palabras del presidente del Gobierno en una entrevista en la que preguntó que «la fiscalía ¿de quién depende?», dando a entender que era del Ejecutivo.
«Respetando la designación hecha por Ejecutivo, consideramos que el presente fiscal general no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno”, asevera el colectivo que recuerda que el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de cinco años con el mandato caducado, le declaró no idoneo para la renovación.
La Apif pone también en duda su idoneidad por su condena por «desviación de poder» al anularse la designación de Dolores Delgado. Además, los recursos presentados contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática están también pendientes de resolución. La Sala ha fijado para el próximo 12 de marzo la deliberación correspondiente.
«El ministerio fiscal se configura como una institución clave y esencial dentro del Poder Judicial. No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del fical general, cúspide del ministerio público, que este queda dentro o en la órbita del Ejecutivo. Precisamente por las actuaciones que ha llevado a cabo, García Ortíz, a nuestro juicio no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas el fiscal geneal, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España», defiende la Apif.