La decisión del gobierno de Axel Kicillof de desafectar a 24 oficiales debido a la vinculación con Maximiliano Bondarenko, el candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral para los comicios del 7 de septiembre próximo, no influyó ni tuvo impacto hacia el interior de la policía bonaerense, la mayor fuerza de seguridad del país. En la actualidad, la principal preocupación de la mayoría de los uniformados bonaerenses radica en los salarios.
Las quejas de los policías abarcan un abanico formado por los sueldos bajos, supuestos maltratos de los oficiales jefes hacia sus subalternos, los recargos de servicio, los atrasos en los pagos de las horas adicionales y la falta de una cobertura médica. Esas son sus demandas reales y concretas, según fuentes del sector.
Durante el último año, los responsables del Ministerio de Seguridad bonaerense, hoy a cargo de Javier Alonso, afirmaron que hubo una recomposición salarial para igualar los sueldos de los efectivos de la policía bonaerense a los de las fuerzas federales.
Según la planilla de haberes a la que tuvo acceso la nacion, un comisario general, la máxima jerarquía en el escalafón policial, cobraría en el sueldo de julio un básico de $1.587.380, más una suma “remunerativa no bonificable” de $477.334.
Mientras que en la base de la pirámide el oficial de policía que corresponde al agente percibe de sueldo básico $ 734.670 y una suma “no bonificable” de $125,629. En el caso de los suboficiales y en las jerarquías hasta oficial principal pueden aumentar el sueldo con las denominadas horas Cores (compensación por recargo de servicio) y las horas Polad (policía adicional), que tienen diferentes valores.
Las Cores se pagarían $1800 y las adicionales por servicio bancario aproximadamente $8000 cada hora. Muchos policías se quejaron por las demoras que existen en la acreditación de esas horas extras. Por el uniforme perciben un adicional de $47.000.
A raíz del descuento por los salarios, creció la cantidad de efectivos de la policía bonaerense que comenzaron a trabajar como choferes de aplicaciones de viajes. En esa circunstancia fue asesinada Daniela Fernanda Luna.
La joven sargento de la fuerza de seguridad provincial fue asesinada en septiembre del año pasado. Su cuerpo fue encontrado con un balazo en el mentón dentro de un Ford Fiesta blanco en el cruce de Carlos Casares y Norquin, en la localidad de Rafael Castillo, La Matanza. La investigación determinó que Luna fue asesinada durante un robo por un delincuente que abordó su vehículo como pasajero y, al llegar a la mencionada esquina, le disparó y se apoderó del celular.
La necesidad de muchos policías de buscar un ingreso adicional se convirtió en una fuente de recaudación ilegal de algunos jefes policiales que firman licencias por carpeta médica o las planillas de asistencia a cambio de un porcentaje del sueldo del agente que lo solicita. Esta maniobra permite a los efectivos concurrir a otro trabajo y tienen el presentismo asegurado. En la Auditoría General de Asuntos Internos se sumaron las denuncias sobre estos hechos.
Aunque pasaron casi cinco años, todavía permanecen latentes los 5000 sumarios administrativos que, durante la gestión de Sergio Berni, se iniciaron contra los efectivos que realizaron la protesta frente la quinta presidencial de Olivos, los que usaron móviles para cortar el tránsito frente a la estación de policía en Puente 12 y los que participaron de las protestas en los comandos de patrullas de Florencio Varela, Quilmes, Tigre, San Martín, La Matanza, Mar del Plata y Bahía Blanca.
“Con los cinco mil sumarios, los policías acusados en esos expedientes administrativos están en una situación similar a la de tener un respirador artificial: si los activan, los echan. Un motivo para firmar la expulsión es una nueva convocatoria a una movilización”, explicó un comisario inspector retirado de la policía bonaerense que representa a varios de los efectivos sometidos a esos sumarios.