Desde el escenario montado en el segundo piso de El Cubo en Vicente López, Federico Sturzenegger se mostró «tranquilo» cuando fue consultado por la crisis de los audios que salpican a la hermana de Javier Milei y los Menem. Dijo era una “operación” electoral, que los protagonistas habían desmentido todo y que estaba en manos de la Justicia. Mucho más encendido se lo vio cuando pasó revista de los hitos de su cruzada desregulatoria contra los “monopolios”.
“Argentina tiene los convenios colectivos de negociación salarial, pero en estos años empezaron a acumular obligaciones de financiar ya sea al sindicato como a las cámaras empresarias, y yo digo pero es un impuesto privado, me imponen una obligación”, explicó el ministro de Desregulación en la cena anual de la Universidad de San Andrés frente a un millar de alumnos, exalumnos y profesores, incluyendo al silencioso ministro de Salud, Mario Lugones, ubicado en una de las mesas del fondo.
Sturzenegger anunció la devolución de $ 250.000 millones a los argentinos mediante la eliminación de “impuestos” privados en la paritaria de Comercio. “Todos los años imponen US$ 800 millones que todos los argentinos pagamos a los participantes de esa negociación. Esta semana redujimos un cuarto para devolverles US$ 200 millones, algunos resisten con cautelares en la Justicia”, dijo, tras cruzarse la semana pasada con el titular de la Cámara de Comercio, Mario Grinman.
El “coloso” llegó pasada las 9 de la noche al evento, que en esta edición levantó fondos para 150 becas, una cifra superior a lo habitual. En la charla de 40 minutos con el director de La Nación José del Río, dijo que el decreto 70/23 y la Ley Bases era «un producto de la Universidad de San Andrés», por lo que felicitó al secretario de Transformación del Estado, Maxi Fariñas, al abogado Ricardo Ramírez Calvo y al secretario de Desregulación, Martín Rossi, cuya renuncia fue revelada por el ministro.
“Desregulamos el mercado la yerba y el precio cayó 30%, teníamos un mercado super competitivo, crearon el Instituto de la Yerba Mate para transformarlo en un mercado monopólico, desregulamos y vuelan las exportaciones”, se jactó, en momentos que la cosecha de yerba mate se disparó en julio, junto con las ventas al exterior, pero la industria paga precios por debajo del costo de producción. “El mercado nacional estaba con esteroides, haciendo que el consumidor pague más”, sostuvo.
Mientras el público degustaba un solomillo con batatas a la crema con Malbec, Sturzenegger se mostró exultante con la desregulación de la importación de maquinaria usada para el agro; le hizo un guiño a los dueños de casa al asegurar que la reciente “liberación” de la circulación de bitrenes redujo el precio de la logística un 40% gracias a un trabajo con alumnos de la San Andrés; y se permitió una picardía con el presidente de Techint, Paolo Rocca, dueño del principal grupo industrial de la Argentina.
“Perdón Paolo, abrimos la importación de acero, cayó el acero 40-50%, muchas gracias, disparó el invitado, y rápidamente siguió con su listado de cambios normativos, entre los que mencionó el acceso a internet satelital, tras eliminar “el papelito que lo prohibía”, la desregulación de la industria de drones para el agro y la quita de controles del Senasa para el empaquetamiento de sandías para su exportación. “La sandía no es material radiactivo o plutonio, una locura”, se despachó.
En medio de las denuncias de corrupción de $ Libra y el escándalo de los audios, el ministro no se privó de desplegar a un grupo de sus alumnos de Finanzas con una tira interminable de papel por sobre el escenario y a lo largo del salón para justificar la disolución de Vialidad. “Eso que acaba de pasar, es el organigrama de Vialidad Nacional, 1.500 son delegados gremiales y 5.000 gente que labura, ahí esta la plata de la gente”, explicó, entre risas y aplausos.
Según sus cálculos, Argentina posee 840.00 kilómetros de rutas, de los cuales 200.000 son rutas provinciales, 600.000 municipales o rurales y 40.000 están bajo gestión nacional, aunque de este último grupo solo la mitad son gestionadas directamente por la Nación. En ese contexto, reflotó los decretos delegados en los que impulsó la tercerización de 350 campamentos, pero reconoció que las medidas quedaron bloqueadas por una cautelar en la Justicia y el rechazo al decreto por el Congreso.