Corrupción en el Gobierno: allanaron oficinas clave vinculadas a los organismos de discapacidad

El caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un nuevo capítulo que dejó al descubierto la magnitud del entramado de sospechas de corrupción. El juez federal Sebastián Casanello resolvió prohibir la salida del país al desplazado titular del organismo, Diego Spagnuolo, y a los directivos del laboratorio Suizo Argentina, tras los múltiples allanamientos realizados durante las últimas horas. La medida alcanza también a Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker —propietarios de la droguería— y a Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, quien además sufrió un procedimiento en su propia oficina de trabajo.

La investigación, que se originó a partir de la filtración de audios comprometedores en los que se mencionaban supuestos pagos de coimas y retornos a laboratorios por la compra de medicamentos, no solo golpea al sistema de salud pública, sino que ya roza a la propia secretaria de Presidencia, Karina Milei, mencionada en esas conversaciones. La trama, cada vez más compleja, expone la relación entre altos funcionarios y el negocio millonario de las droguerías que proveen al Estado.

En uno de los operativos, la Policía de la Ciudad allanó la oficina ubicada en avenida Rivadavia al 875, en pleno centro porteño, donde funciona el programa Incluir Salud y donde trabajaba Garbellini. De allí se incautaron computadoras, teléfonos celulares y documentación sensible vinculada a contrataciones a diferentes laboratorios. El procedimiento se suma al realizado horas antes en el domicilio del exfuncionario en Avellaneda, donde también se le secuestró un celular que ya quedó a disposición de la Justicia para ser peritado.

El avance judicial incluyó además un operativo en la casa de Spagnuolo en Pilar. Allí, los agentes encontraron dos teléfonos móviles, dinero en efectivo en un monto que no trascendió y hasta una máquina de contar billetes, un detalle que refuerza las sospechas de maniobras financieras irregulares. En paralelo, en los vehículos de los directivos de Suizo Argentina se hallaron órdenes de pago multimillonarias y, en el caso de Emmanuel Kovalivker, u$s266.000 escondidos en su automóvil.

Con estas medidas, Casanello busca asegurar pruebas clave y evitar cualquier intento de fuga de los principales imputados en un expediente que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de la actual gestión. La Justicia intenta ahora reconstruir el recorrido del dinero y determinar si existió un esquema sistemático de sobornos para sostener contratos millonarios de provisión de medicamentos al Estado.

El expediente, que ya generó una fuerte conmoción política, se proyecta como un test para la transparencia de la administración nacional, en un terreno tan sensible como el de la atención a personas con discapacidad. Todo indica que la causa recién comienza y que las derivaciones podrían alcanzar a más funcionarios de alto rango.