Desde diciembre de 2023, la política de control de armas en Argentina ha transitado un camino de profundas mutaciones que combinan flexibilización normativa, desmantelamiento de estructuras técnicas-operativas y opacidad institucional. El resultado es un ráfaga de cambios legales y operativos que, lejos de prevenir la violencia y fortalecer la seguridad de la ciudadanía, han vaciado de contenido y sustento las herramientas de prevención de la violencia con uso de armas y han abierto grietas por donde circulan con menor freno armas, municiones y explosivos. El saldo no ha sido más seguridad, sino un sistema vaciado de herramientas de prevención, unidos a corredores abiertos para el tráfico lícito e ilícito de armas, municiones y explosivos.
En primer lugar, el crecimiento de las Credenciales de Legítimo Usuario (CLU) —pasó de 67 884 en 2023 a 76 861 en 2024, un aumento del 13,2 %1— no responde tanto a la regularización de legítimos usuarios vencidos con tenencia de armas, ni a un genuino aumento de la demanda responsable sino al reordenamiento normativo que redujo la edad mínima para obtener la CLU de 21 a 18 años y habilitó un “trámite exprés” que revisa antecedentes y aptitudes psicológicas sin validaciones y controles efectivos, y facilitó la idoneidad de tiro sin siquiera tener que ir al Polígono (Decreto 1081/2024). Al mismo tiempo, el Decreto 397/2025 reemplazó la prohibición absoluta de armas semiautomáticas—vigente desde 1995— por un laxo régimen de “autorización especial” sin criterios técnicos claros, disparando el segmento de uso civil condicional, donde se concentran calibres intermedios y semiautomáticas. Estas decisiones, más guiadas por la idea de velocidad administrativa que por la seguridad pública, abren el paso a titulares de armas sin la preparación mínima requerida.
Pero las cifras solo cuentan la mitad de la historia. La otra mitad es el vaciamiento institucional: la ex–ANMaC, creada por ley en 2015 como una agencia con autonomía técnica y fondos propios, fue despojada de su autonomía económico–financiera y convertida en un simple Registro Nacional de Armas (RENAR) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad (Decreto 445/2025). A su vez, el fiscal federal a cargo de la UFIARM, Gabriel González Da Silva, ha denunciado que el Decreto 409/2025 “establece un régimen diferenciado para las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias, transfiriendo a cada institución la facultad de autorizar a su personal la tenencia y portación de armas particulares. Esta atribución deja de ser competencia exclusiva de la ANMaC, aunque su otorgamiento debe ser posteriormente informado. Además, se elimina el vencimiento automático de las credenciales de legítimo usuario para estos agentes: a partir de ahora, sólo caducarán mediante resolución de la ANMaC dictada a pedido fundado de la propia fuerza. En definitiva, se trata de una descentralización del control, que habilita a cada fuerza a operar bajo sus propios criterios, con escasa –o nula– fiscalización civil.” En esta descentralización del control la que pierde es la trazabilidad de la gestión de la vida de los materiales controlados, que da lugar para la irregularidad y la ilegalidad, pilares del delito y el crimen organizado. Sin mecanismos formales de intercambio de información, sin bases de datos trazables, validas y completas, las fiscalías carecen de acceso a la totalidad de los archivos y registros necesarios para investigaciones en curso.
Este viraje implicó también la disolución del Fondo de Prevención de Violencia Armada (FPVA) —antes dedicado a financiar campañas de desarme voluntario y sensibilización comunitaria— y el cierre inmediato del Comité Interjurisdiccional y del Consejo Consultivo de Prevención de Violencia Armada. Mediante la Resolución ANMaC N° 51/2024 la Dirección Ejecutiva de la ex ANMaC dejó sin efecto el reglamento aprobado por Resolución MJ N° 370/2022, lo que implicó la desaparición de las estructuras formales de participación multisectorial para la prevención de la violencia armada y el diseño y monitoreo de políticas de control de armas y desarme voluntario.
Con el envío del Proyecto de Ley Expediente 0007-PE-2024 – Ley de Regularización de Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria, el Ejecutivo utilizó el Programa de Desarme Voluntario como caballo de troya para lograr la aprobación del Congreso Nacional de la desregularización del sistema de control de armas. Nunca antes vista esa estrategia, el intento fue fallido, pero dejó desactivado el Programa de Desarme Voluntario desde enero de 2024. No se recibió ni un arma voluntariamente en los últimos 2 años, la ciudadanía ha perdido la posibilidad de entregar materiales controlados en Puntos de Recepción Federales, y de las 60 mil armas recibidas del Desarme Voluntario, preparadas para ser destruidas, solamente 5.063 armas de fuego fueron destruidas (Resolución ANMaC 5063/2024), y eso debido a la gestión preparada por la anterior Dirección Executiva de la ANMaC.
La situación no es diferente respecto a la recepción de materiales controlados confiscados por causas judiciales a nivel federal: pese a contar con decenas de depósitos judiciales y de las Policías Provinciales y FFSS saturados de material obsoleto y piezas secuestradas, solo se realizó 1 destrucción de 14.034 materiales recibidos en el marco de la Ley 25.938, reservando 409 armas de fuego por estar sujetas a pedido de secuestro vigente. (Resolución ANMaC 192/2024). Contra todos los manuales internacionales de control y trazabilidad de armas de fuego, mediante la Resolución ANMaC N° 71/2025, en el marco del DNU 103/2025 (que modificó la Ley 25.938), se autorizó “la entrega de CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO (471) armas de fuego, recibidas en el marco de las Leyes 20.429 y 25.938, al Ministerio de Seguridad Nacional para su utilización con fines de interés público” y dispone expresamente que solo podrán destinarse “a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”. Con ello, se invierte el procedimiento de destrucción, permitiendo que parte del material secuestrado o decomisado que debía fundirse y triturarse sea cedido a la PFA para su reutilización operativa. Si de municiones y explosivos hablamos, ni una munición o un grano de explosivo fue destruido en los últimos dos años. Esa ausencia de gestión proactiva de trazabilidad, control y destrucción de stock y excedentes de materiales controlados -reglada en los manuales de los regímenes internacionales de control- unida al cierre de delegaciones regionales y al abandono de depósitos donde se almacenaban armas secuestradas por fiscalías federales y provinciales, con la reducción del personal operativo, técnico y administrativo de la ex Agencia, ha provocado que miles de evidencias judiciales permanezcan olvidadas, sin destino ni control efectivo. La ruptura de la cooperación con el Poder Judicial redondea este panorama.
La opacidad institucional es la contraparte inevitable de ese desmantelamiento. Desde diciembre de 2023 no se han publicado balances semestrales o anuales, auditorías externas o estadísticas desagregadas sobre autorizaciones e inscripciones, sanciones, recepción y destrucción, capacitaciones y actividades de concientización, tiempos de respuesta y procedimientos de gestión, o rendición de monitoreo de la gestión integral de la ex Agencia. El portal web oficial —antes rico en datos de seguimiento, planes e informes de gestión— hoy solo informa publicidades de trámites digitales. La plataforma MiANMaC implementó la firma electrónica y turnos online (Resoluciones 14/2025 y 51/2025), pero están dudosos los algoritmos de análisis de riesgo y la ciberseguridad es ausente en cuando a verificar antecedentes, validar documentación oficial, salvaguardar datos personales, y controlar la trazabilidad de cada una de las más de 300 transacciones que realiza la ex ANMaC. En la práctica, gestiones que antes implicaban validaciones multiagenciales, prácticas de idoneidad presenciales, chequeos cruzados, inspecciones presenciales, cruces con bases penales, recepción de denuncias por delitos y violencia de género y familiar, ahora se reducen a un “click”. Eso no es una gestión ágil, es una desregulación liberada en manos del mercado, el legal e ilegal.
En el ámbito educativo y comunitario, los talleres de prevención de violencia armada impartidos en escuelas, centros culturales, organismos públicos y privados, fueron cancelados sin explicación. ONG y universidades que colaboraban en la formación de jóvenes sobre riesgos del porte de armas hoy se ven excluidas, mientras se suprimen las campañas de sensibilización de género que advertían sobre el uso letal de armas en contextos de violencia doméstica y en el ámbito laboral de la seguridad pública y privada. Esa ausencia deja sin red de protección a las mujeres en situación de riesgo, justo cuando la normativa nacional coincidía con los lineamientos del Programa de Acción de la ONU sobre Armas Pequeñas (UNPoA).
A nivel aduanero, la Resolución ARCA 5608/2024 agilizó a través de un anexo único los requisitos para envíos courier de armas y municiones, permitiendo que particulares y empresas tributen envíos postales con menos garantías y controles. Paralelamente, la supresión de valores criterio precautorios (RG 5582/24) y percepciones PAIS sobre municiones (RG 5604/24) abarataron el costo de importación. Si bien el régimen de equipaje acompañado prohíbe el traslado de armamento sin autorización, la realidad es que corredores postales y la ausencia de selectividad preventiva facilitan el ingreso de piezas y proyectiles que luego pueden derivar en canales ilícitos, alimentando un mercado gris difícil de rastrear. Un paquete postal puede convertirse en vector de tráfico ilícito, un fenómeno que Brasil y Chile han logrado controlar con valores mínimos precautorios, controles multiagenciales y una justicia activa.
El desalineamiento internacional es la última pieza de este rompecabezas. En las reuniones del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA-ATT), Argentina ha visto cuestionada la calidad de sus reportes de transferencias, pues vulnera los artículos 6 y 7 que exigen evaluación rigurosa de riesgos y políticas activas de prevención. En el Mercosur, la disparidad de valores criterio con Brasil y Chile dificulta la armonización de controles y fortalece redes de contrabando que recorren la Triple Frontera. Y en la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el país pierde crédito ante la eliminación de su sistema de análisis de riesgo en importaciones de materiales sensibles.
Frente a este escenario de riesgo estructural, la recuperación de la soberanía técnica y de la credibilidad internacional solo será posible si se restablecen los fundamentos de una política de control de armas sustentada en la transparencia, la participación ciudadana y la rigurosidad técnica. Resulta imperativo:
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Restaurar la autarquía institucional y financiera de la ANMaC, reconfigurada según el Plan Estratégico Trienal 2023–2025, con despliegue de delegaciones, depósitos, equipos capacitados y sistemas tecnológicos a nivel federal.
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Blindar por ley un fondo específico para el desarme voluntario, destrucción de excedentes y control de stocks, con administración independiente.
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Reabrir el Comité y Consejo Consultivo, incorporando activamente a la academia, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias y de género.
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Reactivar la destrucción de materiales y la recepción de evidencias judiciales, reabriendo depósitos y delegaciones, conforme a normas internacionales de trazabilidad.
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Publicar informes públicos detallados, habilitando datos abiertos para monitoreo, investigación científica y desarrollo tecnológico.
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Reintroducir valores criterio y garantías aduaneras específicas, en coordinación con la CONCESYMB.
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Reinstaurar programas educativos y comunitarios de prevención de violencia armada, de género y familiar.
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Fortalecer la ciberseguridad e interoperabilidad de MiANMaC, AFIP y SIRA, con protocolos digitales para intercambio con fiscalías, tribunales y fuerzas de seguridad.
Solo una agencia fortalecida, transparente y colaborativa y plenamente alineada con los estándares multilaterales podrá devolver a Argentina su rol de referente en control de armas, garantizando la seguridad de los ciudadanos y restablecer la confianza de sus pares internacionales.
*Por Natasa Loizou, consultora internacional, investigadora (UMET)
1 https://chequeado.com/el-explicador/armas-de-fuego-hay-casi-1-millon-de-legitimos-usuarios-en-el-pais-pero-el-65-tienen-su-credencial-vencida/?utm_source=chatgpt.com
por Natasa Loizou