“¿Quién me dice el valor de una vida?”, preguntó entre los presentes Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, durante una entrevista que le hicieron en el canal TN, precisamente el día que en el Congreso se votaba un aumento de las jubilaciones y del bono. El gerontólogo hacía referencia a las discusiones que se daban dentro y fuera del recinto, centradas en a quién le cabía la culpa de que los jubilados estén como están. “No hablemos de la historia, hablemos de mañana, hablemos de cómo resolver una vida que se nos está yendo”, sentenció.
El especialista pone énfasis, desde hace semanas, en que, antes de hablar de números que representarían una mejora –aunque no una solución acabada–, hay que atender una crisis humanitaria. Y que sí, mientras tanto, se pueden (y deben) hacer el resto de las estimaciones.
Entre esos cálculos podría resaltarse uno directamente relacionado con la desigualdad: la brecha entre quienes más y menos cobran (los que hoy están en emergencia) también se amplió para los jubilados, algo atribuible en gran parte al bono que, desde marzo de 2024, no se actualiza. En diciembre de 2023, en el inicio de la actual gestión, la jubilación máxima ($ 711.345) era equivalente a 4,4 jubilaciones mínimas ($ 160.713). En julio de este año las máximas equivalen a 5,5 haberes mínimos –el tope es de $ 2.081.261 y las jubilaciones mínimas de $ 379.294–.
Además, y según se desprende de los dos últimos informes estadísticos de Anses, también creció la diferencia respecto a los regímenes especiales que están por encima del tope.
Los dos documentos recientes corresponden al tercero y al cuarto trimestre de 2024. Allí puede leerse, por ejemplo, que, mientras el haber de una persona retirada del Servicio Exterior de la Nación representaba 20,5 jubilaciones mínimas en el tercer trimestre, esta brecha se amplió a 31 en el siguiente. En lo que respecta al Poder Judicial de la Nación se mantuvo en 21, pero en el Poder Judicial de las provincias se amplió de 12,4 jubilaciones mínimas para el personal retirado a 17,2. En promedio, los regímenes especiales pasaron de representar cinco jubilaciones mínimas a seis.
“Las brechas se explican por la pérdida de las mínimas”, afirmó Semino en diálogo con PERFIL. “En 2024 las mínimas, sobre una inflación del 118%, ajustaron un 105%, y las contributivas de aportes directos estuvieron 27 puntos por encima”. Y agregó que cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, habla de “haberes medios” cercanos a los $ 900 mil, “está hablando exclusivamente de ese sector. Para él hay cinco millones de jubilados que no existen, los toma como subsidiados”.
De acuerdo con el informe de Anses, para fines de 2024 había 7.437.437 de jubilados y pensionados. De ese total, “el 48% percibía haberes menores o iguales a un haber mínimo, un 17% tenía haberes de entre una y dos mínimas y el 36% restante tuvo haberes mayores o iguales a dos haberes mínimos”. Aunque ese cálculo total que brinda el organismo da 101 y no 100%, puede entenderse que al menos un 65% de los jubilados y pensionados no llega a las dos jubilaciones mínimas.
El periodista Carlos Pagni presentó, durante su programa, un cuadro elaborado por el economista Fernando Marull con la evolución de las jubilaciones mínimas (sin contar el bono). El análisis compara cómo habrían evolucionado los haberes de mantenerse las fórmulas de actualización aplicadas por Mauricio Macri y por Alberto Fernández: en el primero de los casos la jubilación mínima sería de $ 459 mil, y en el segundo de $ 454 mil. En ambos escenarios superarían por más de $ 140 mil a los montos actuales.
Sobre este tema Semino aclaró que estas estimaciones pueden ser “un tanto engañosas”, porque los períodos tuvieron una dinámica distinta, dependiendo de la evolución de salarios e inflación como medida de valor para aumentar las jubilaciones.
Lo que sí es cierto es que vienen perdiendo por los sucesivos cambios de fórmulas y que la última, que dejó afuera la inflación de diciembre de 2023 (25,5%), “es un agujero negro que tampoco consideró la devaluación”, aseguró.
La consecuencia de esas pérdidas es la emergencia de hoy. Además de la alimentación, la garantía de una vivienda y abrigo, para lo que el gerontólogo pide colaboración entre el Estado nacional, los provinciales y los municipales, Semino advierte sobre otras dificultades que se suman, entre ellas nuevas trabas burocráticas para el acceso a los medicamentos del PAMI: a decenas de personas la obra social les rechazó la cobertura con la excusa de que tenían más de un inmueble. “Pedimos el certificado en el Registro de la Propiedad del Inmueble y realmente esas personas que vinieron a reclamar tienen uno solo”, afirma. “¿Qué hace PAMI? Les dice que tienen que ir al Registro a sacar otro certificado, que sale $ 10 mil. Es decir que al jubilado que no le dan su medicamento, que tiene que probar que se muere de hambre, por errores de no sé qué tipo no les entregan la medicación”.
Con una fila de reclamos y de personas que buscan un comedor o que viven en pensiones y no saben dónde pasar el día, el especialista concluye que “todo redunda en lo mismo, todo se está mirando en relación al negocio”.
Otros cálculos que esperan. El 8 de julio los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone reiteraron un pedido de informe que ya presentaron en 2024 a la Comisión de Presupuesto y Hacienda: lo que quieren saber es cuál sería el ahorro fiscal que implicaría eliminar las jubilaciones de privilegio.
Ya hace más de un año que, en conjunto, presentaron un proyecto de ley para derogarlas para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos. El Gobierno prometió acompañar, pero desde junio del año pasado la iniciativa no se mueve. “En una de las reuniones de coordinación legislativa que tuvimos con el PRO y con La Libertad Avanza le pedimos al Gobierno que impulsara ese proyecto, nosotros queríamos un impulso político, que logramos en octubre. Pero la realidad es que al final lo cajonearon en la Comisión del Presupuesto que maneja Espert, y en la de Asuntos Constitucionales que dirige otro diputado de LLA”, detalló Falcone a este medio. “Recientemente le pedí a la Oficina de Presupuesto que hiciera el cálculo del ahorro fiscal que tendría ese proyecto para reactivarlo, hablé con Espert. Estuvo como un mes sin hacerlo y entonces presentamos una nota”, agregó. “Esta semana respondieron que iban a hacerlo”.