Tras el fallo de la justicia de Estados Unidos en favor de los “caranchos”, el diputado nacional Miguel Pichetto, del bloque de Encuentro Federal, y el senador Maximiliano Abad, de la UCR, anunciaron la presentación de proyectos de resolución para ratificar el artículo 10 sobre la expropiación de YPF votada por el Congreso en el año 2012. El articulado indica que la transferencia de las acciones está prohibida, con la excepción de que lo autoricen los dos tercios de los legisladores en ambas cámaras.
Este miércoles, Pichetto se mostró enfático en la defensa de la soberanía nacional y aseguró que “estamos dispuestos a trabajar seriamente en un proyecto que ratifique que el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía y que el marco de la ley no puede ser vulnerado, porque para tal fin se requiere dos tercios de Diputados y dos tercios del Senado”. Además calificó la orden judicial impartida desde un fueron estadounidense como de “imposible cumplimento” y contraria a la Argentina.
En la misma línea, Abad advirtió que “ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, lo que demuestra que el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable”.
Los proyectos sumarían a la fundamentación del Estado argentino frente al tribunal de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, cuya última sentencia ordenó al país a transferir en 51 por ciento de las acciones de YPF, para pagar una indemnización por 16,1 mil millones de dólares. Una decisión sobreactuada que deja en evidencia la estrategias de los fondos especulativos: presionar al máximo para obtener millones de dólares a cambio.
“La jueza no tiene competencia ni potestad para ejecutar la decisión, no está habilitada ni siquiera por la propia ley norteamericana a embargar bienes de la Argentina”, aseguró Carlos Balbín, quien ocupó durante la presidencia de Mauricio Macri la Procuración del Tesoro, el organismo encargado de representar judicialmente los intereses del Estado Nacional.
En declaraciones a medios, el ex funcionario consideró que “la decisión del Gobierno argentino en este contexto es correcta, esto es, no cumplir con la sentencia y apelarla” y sostuvo que desde el punto de vista jurídico “la expropiación ha sido correcta jurídicamente, más allá de la decisión política”.
El Estado argentino mantiene la línea histórica de las gestiones precedentes en la defensa de YPF ante los tribunales internacionales, sin aceptar ninguna negociación por fuera hasta que se termine el litigio. Este martes, el Gobierno presentó un escrito donde solicita congelar la medida que generaría un “daño irreparable” para el país.
Sin embargo, empezando por el propio presidente Javier Milei, partidarios de la Libertad Avanza ofrecen argumentos a la postura en contra del Estado, al cuestionar el proceso de reestatización. “En este mismo Congreso, cuando fue esa locura ideológica, ese negociado o esa gran estafa, hubo una mayoría arrasadora”, dijo en plena sesión el diputado de PRO, Damián Arabia.
Interés nacional
Pichetto cuestionó las posturas que le otorgan fundamentos a los buitres y recordó: “Hay que analizar las circunstancias del pasado porque la ley de expropiación (de YPF) estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol, en la situación que estaba viviendo Argentina que estaba importando combustible por 10 mil millones de dólares, en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo que hoy permite que el gobierno de Milei tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburos, gas y petróleo”.
En caso de prosperar, las iniciativas de Encuentro Federal y de la UCR podrán reforzar las estrategias de defensa argentina, frente a una sentencia que no es inocua: caída de bonos y advertencia del directorio de YPF para intentar evitar que se perjudiquen inversiones y negocios de la petrolera.
El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, planteó el problema económico y de proyección que genera el fallo promovido por una jurisdicción sin competencia pero con la espalda del capital financiero global. “Si Argentina quiere dólares y salir a los mercados, esta situación lo traba. Depende del arte de la negociación donde van a encontrar el punto de encuentro porque ahora los dos salen perdiendo”, afirmó y consideró que la jueza podría declarar al país como “rebelde” e impedirle así presentarse en otros casos.
La presión de los fondos buitres Burford Capital y Eton Capital llegó a tal punto que, en su escrito, Preska sugiere modificar la legislación argentina. Martín Lousteau, senador y presidente de la UCR, señaló que “sería importante” una declaración del parlamento para “explicar que una jueza en Estados Unidos no puede exigir que otro país modifique una ley porque ella dictó una sentencia”, y remarcó: “YPF es un activo estratégico clave para el país y el Estado debe tener algo para decir”.
“Seamos responsables. No quieran levantar banderas que no ayudan al debate y la unión que debemos tener los argentinos ante un fallo que no corresponde. Tenemos que demostrar madurez para defender YPF”, pidió la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, ante los discursos de los legisladores oficialistas centrados más en vociferar contra el “kirchenismo” que en defender una causa nacional.
Según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, si el país dilata la negociación, la jueza podría declarar el desacato: “eso es muy grave, porque ahí ya estamos hablando de que se involucraría el Departamento de Estado de la Casa Blanca”, subrayó. Al mismo tiempo opinó que es “algo posible pero no inmediato” y, a contramano de lo que sostienen la mayoría de los referentes políticos y económicos, aconsejó al Gobierno que se apure “a negociar y pagar o al menos a apelar con una garantía depositada”.
Fuentes especializadas consultadas por este diario coincidieron en que Estados Unidos “no quiere este fallo porque se trata de un disparate jurídico”.