“No faltan recursos, sobran indiferencias” decía uno de los carteles de las organizaciones de personas con discapacidad y trabajadores que fueron los primeros en llegar a la protesta frente al Congreso este miércoles. La movilización fue masiva y se unificó más tarde con jubilados, trabajadores de la salud, organizaciones de mujeres y otros sectores.
El ajuste de Milei se siente en todos lados y en particular en los sectores más vulnerables que más lo necesitan. Los colectivos de las personas con discapacidad lograron con su movilización poner en la agenda pública sus reclamos y este miércoles se consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados a la emergencia en el sector que obligará al gobierno a destinar partidas presupuestarias extraordinarias.
Fue con 148 votos afirmativos de Unión por la Patria, una parte de Encuentro Federal (que tuvo dos abstenciones, de la cordobesa Torres y del entrerriano Morchio), Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, una parte de la UCR, los tucumanos ex Unión por la Patria, la ex libertaria Lourdes Arrieta, los diputados Santa Cruz y otros.
Los votos en contra fueron 71 corrieron por cuenta de La Libertad Avanza, el PRO y los radicales con peluca.
El próximo paso es su tratamiento en el Senado. La calle y el Congreso deberá prepararse para un posible veto de Javier Milei que, de hacerlo, tendrá un mayor costo político. El gobierno ya amenaza con el veto porque afectaría “el equilibrio fiscal”. Una preocupación que no tienen para anunciar blanqueos que benefician a los más ricos del país que evaden, ni para pagar la deuda fraudulenta con el FMI.
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La emergencia en Discapacidad que se aprobó este miércoles en Diputados es hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por 1 año más) e incluye que las pensiones no contributivas sean del 70% de un haber mínimo jubilatorio, y que las auditorías sean accesibles. Es que el gobierno inició un proceso de auditorías que dejó sin la pensión en forma intempestiva a miles de personas que lo necesitan, sumando trámites burocráticos.
Otro de los reclamos más sentidos que contempla la media sanción es la actualización de los aranceles a los prestadores: que se hagan por inflación y de forma retroactiva desde el 1 de diciembre de 2023. El gobierno de Milei decidió que no reciban ninguna actualización ni aumento desde fines del 2024, y la consecuencia es que se interrumpen terapias, tratamientos, o los chicos se quedan sin acompañante terapéutico en las escuelas. Otro ejemplo es el arancel de los transportistas: el nomenclador establece que se les pague $541 el litro de nafta, mientras cuesta $1500. El resultado de este desfinanciamiento es que en vez de poder transportar a las personas 5 días para ir a médicos o a la escuela, llegan a cubrir apenas 2 días. Los colectivos de la discapacidad reclaman además que se pague en término a los prestadores: a veces tardan 3 meses o más a las y los trabajadores.
También incluye el cumplimiento del régimen de empleo protegido, el derecho a un programa médico y cobertura en salud, financiamiento para la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), y que el Poder Ejecutivo tenga diálogo y consulte con las organizaciones de personas con discapacidad.
Esta media sanción se logró con la confluencia de varias iniciativas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Democracia para Siempre, en consulta y debate con las organizaciones de personas con discapacidad. Pudo llegar al recinto porque se obligó desde el recinto a José Luis Espert de La Libertad Avanza a que tenga que tratarlo en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside.