En el marco de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, se presentó un proyecto alternativo a Ficha Limpia que tendría los mismos efectos y podría tratarse este mismo año. Además, el Gobierno defendió una ley de seguridad para eventos deportivos.
La propuesta, presentada por el formoseño Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) días después de que se cayera el proyecto de Ficha Limpia en el Senado, pretende la reforma del Código Procesal Penal Federal -en lugar del Código Electoral- en su artículo 315, estableciendo que todas las condenas quedarán firme cuando «no fueran impugnada»; si con doble sentencia esté «y vencido el plazo no se interpusiera el recurso extraordinario federal»; «la Corte Suprema confirmara la sentencia de condena». De esta manera, las personas quedarían inhabilitados para postularse porque recaerá sobre ellos una condena.
Asimismo, establece mayores obligaciones para la Justicia dado que propone reformar el artículo 488, que aportaría una indemnización a los condenados en caso de que se les revoque la sentencia.
Horas antes de la reunión, el titular de la Comisión de Justicia, Manuel Quintar, respondió dos publicaciones (una de ellas, de hace dos semanas) en redes sociales con el mismo texto: «Desde La Libertad Avanza vamos a proponer en forma inmediata un dictamen favorable al proyecto. Basta de corruptos y condenados en el poder. Vamos por el principio de revelación». El acompañamiento libertario no sólo habilita votos, sino la convocatoria a comisiones claves que -sin la venía del oficialismo- no salen de la parálisis.
Fernando Carbajal
Fernando Carbajal, autor del proyecto de reforma del Código Procesal Penal.
Mariano Fuchila
Ley antibarras
En el encuentro también se presentó la ley contra el delito en espectáculos deportivos, también llamada ley antibarras. Con impulso del Ministerio de Seguridad, propone la declaración de las barrasbravas «como un tipo especial de asociación ilícita». El objetivo es que sean considerados como organizaciones criminales y establecer «la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de estos grupos delictivos». En el caso de que colaboren con las barrabravas, ya sea entregándoles entradas o manteniendo vínculos conniventes, podrán enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión.
Entre las penas que podrían establecerse, evalúan establecer de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo. Y determinará la aplicación de «fuertes sanciones para erradicar cualquier tipo de violencia». El texto establece la penalización de quien “tuviere en su poder, introdujere en el área de un espectáculo deportivo, guardare o portare armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir, con motivo o en ocasión de tal espectáculo”.
Por otra parte, busca penalizar a dos o más personas que, mediante el uso de violencia o intimidación, “alterare el normal desarrollo de un espectáculo deportivo, provocare disturbios, amedrentare o ejerciere presión sobre protagonistas, concurrentes u organizadores, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado”.
En su defensa, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) precisó que «esta ley no es contra los hinchas, es contra las mafias. Las barras bravas no son parte del folklore: son organizaciones criminales que lucran con el miedo, extorsionan, amenazan y distorsionan el sentido del deporte.
Informe Fernando Brovelli.-