A primera hora, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires montó un imponente operativo de seguridad con el objetivo de dispersar a la multitud y evitar que se cortaran las calles. Para ello, aplicaron el controvertido protocolo antipiquete impulsado por Patricia Bullrich, aunque esta medida no fue suficiente para impedir que se registraran nuevos incidentes durante la marcha convocada por los jubilados.
El operativo contó con el respaldo de otras fuerzas de seguridad federales, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, que se sumaron para apoyar y controlar la movilización. Allí, los manifestantes reclamaron un aumento en sus haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y expresaron su rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre una ley que pretendía mejorar sus ingresos.
En el lugar se instaló un vallado alrededor del Congreso, bloqueando el tránsito en la intersección de la avenida Callao con la avenida Rivadavia, lo que derivó en un desvío obligatorio del tráfico y causó un notorio caos vial en la zona.
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En la esquina de Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos, se concentró el conflicto donde un grupo de manifestantes bloqueaba por completo la circulación, y ante esta situación, la Gendarmería intervino para liberar la calle y permitir el restablecimiento del tránsito vehicular.
Alrededor de las 16 horas, los manifestantes arrojaron basura, bolsas y pintura contra los efectivos y trataron de cortar la calle Rodríguez Peña en su cruce con la avenida Troncal. Sin embargo, la policía reaccionó rápidamente aplicando el protocolo y solicitando, a través de un megáfono, que los manifestantes se retiraran a la vereda.
Mientras duró el enfrentamiento, también se registraron lanzamientos de bombas de estruendo por parte de los protestantes.
A la movilización se sumaron no solo jubilados, sino también miembros del movimiento UTEP y trabajadores despedidos de una empresa privada. También participaron integrantes de la mesa ecuménica, un grupo de sacerdotes que tiene entre sus filas al padre Paco Olveira, detenido en manifestaciones previas.
Intentando cortar la avenida Rivadavia, una columna de organizaciones sociales también fue contenida de inmediato por la policía, que los llevó a la vereda de la Plaza del Congreso para mantener el flujo vehicular. Entre los manifestantes estaba Nicolás Del Caño, dirigente de izquierda.
Además, se informó que dos fotógrafas resultaron afectadas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de la policía durante los incidentes.
En las próximas semanas, la oposición quiere tratar la suba jubilatoria
Al no lograr reunir el número necesario de legisladores en la última convocatoria, los bloques opositores al oficialismo redoblan esfuerzos para armar un temario que logre el mayor consenso posible entre las distintas fuerzas políticas. Están evitando incluir temas que resultan conflictivos y que, históricamente, no lograron reunir el apoyo suficiente para avanzar en el recinto.
El diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Alejandro Vilca, realizó una fuerte denuncia respecto a la presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores del Congreso. Sostuvo que las acciones implementadas por la ministra Patricia Bullrich son preocupantes: «Gravísimo. Las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich se apropian del Congreso«.
Según explicó, cada miércoles la ministra ordena el cercado del Congreso con vallas, la movilización de numerosos policías y gendarmes, y la represión de las manifestaciones pacíficas, en especial de jubilados. Además, agregó que esta situación no solo representa autoritarismo, sino que es una clara intimidación repudiable contra quienes ejercen su derecho a protestar.
Dentro del paquete de iniciativas que se analiza incorporar, uno de los más importantes es la revisión del cálculo de las jubilaciones. Este sector se vio afectado luego de que el gobierno modificara las fórmulas de actualización, un cambio que fue vetado anteriormente por el Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo, existe un proyecto impulsado por el bloque Unión por la Patria que propone una moratoria en los aportes previsionales por dos años, con un impacto estimado en el Producto Interno Bruto (PIB) del 0,165%. En paralelo, también se discute la posibilidad de un aumento del bono mínimo para jubilados, que actualmente está fijado en $70.000 y puede significar un aumento importante del gasto fiscal, dependiendo de cuánto se extienda la medida.
El presupuesto universitario aparece como otro tema relevante en la agenda de la oposición. Se vivieron semanas en donde las universidades impulsaron acciones concretas para defender y aumentar su financiamiento, incluyendo la organización de una marcha que busca apoyar la presentación de proyectos en el Congreso.
Como punto final, el proyecto de Emergencia en Discapacidad suma relevancia en la discusión legislativa. Esta iniciativa cuenta con dictamen favorable y pretende garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hasta el año 2027.
Jubilaciones estancadas: los sombríos números detrás del fracaso de la sesión legislativa
A partir de estos ejes en tratamiento, la oposición espera poder concretar la sesión el próximo 4 de junio, con la intención de lograr avances significativos en áreas estratégicas que cuentan con un amplio respaldo social y político.
MVS / Gi